Peter Pogacar lleva 1.680 días sin ver a su hija Julija. La niña desapareció el 3 de noviembre de 2021, a los 10 años, junto a su madre, Melissa Smrekar, en Eslovenia. Hoy, a punto de cumplir 15, su paradero sigue siendo un misterio. Peter viaja a Gran Canaria con nuevas pistas: cartas enviadas desde España apuntan a que madre e hija podrían estar allí. Él busca respuestas, no solo en la isla, sino ante la Policía Nacional y bajo el marco de la cooperación judicial europea.
¿Qué se sabe de la sustracción internacional de Julija Pogacar?
La desaparición no fue un caso aislado. Fue clasificada como sustracción internacional de menor por las autoridades eslovenas y por Europol. Este tipo de casos entra bajo el Reglamento UE 2019/1111, que regula la competencia judicial y la cooperación en asuntos matrimoniales y de responsabilidad parental.
El juzgado esloveno emitió una orden de restitución bajo el Convenio de La Haya de 1980. Melissa Smrekar incumplió una resolución judicial que le otorgaba la custodia compartida, pero no la exclusiva. Al trasladar a Julija sin consentimiento paterno ni autorización judicial, activó mecanismos de alerta transfronteriza.
El rol de Europol y la lista de fugitivos
Melissa Smrekar figura en la lista de fugitivos más buscados de Europa. Su perfil está publicado en la web oficial de Europol con fotografías actualizadas y descripción física. Esto implica que su caso supera el ámbito nacional: se considera una amenaza potencial para la seguridad del menor y un desafío a la aplicación del derecho internacional de familia.
¿Por qué Gran Canaria es el foco actual de la búsqueda?
Las últimas pistas provienen de cartas enviadas desde España, con matasellos de Las Palmas de Gran Canaria. No son mensajes digitales, sino correspondencia física con rasgos caligráficos verificables. Peter y su hermana —que habla español— viajan con autorización de la Fiscalía eslovena para colaborar con las fuerzas de seguridad locales.
El impacto económico de la búsqueda transnacional
Cada desplazamiento internacional implica costos reales: traducción jurada de documentos, gestiones consulares, alojamiento y desplazamientos. Peter ha financiado la búsqueda con ahorros personales y apoyo familiar. No ha recibido financiación pública eslovena ni española, pese a que la Directiva 2012/29/UE establece el derecho a asistencia a víctimas de delitos transfronterizos.
¿Qué dice el marco legal español sobre la sustracción internacional?
España incorporó el Convenio de La Haya mediante la Ley 15/2015. Si Melissa y Julija están en territorio español, las autoridades deben actuar en 72 horas tras la denuncia para localizar al menor, según el Protocolo de Actuación Conjunta entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior.
El rol de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional (OCJI)
La OCJI, adscrita al Ministerio de Justicia, es el punto de contacto nacional para casos como este. Su intervención es obligatoria cuando hay una solicitud de restitución desde otro Estado miembro. No obstante, su eficacia depende de la identificación previa del paradero —y hasta hoy, no hay confirmación oficial de la presencia de Melissa en España.
¿Cómo afecta este caso a la percepción pública de la justicia transfronteriza?
La visibilidad del caso, impulsada por Tadej Pogacar, puso en evidencia las brechas en la coordinación entre Estados miembros. Aunque Europol emite alertas, la localización efectiva requiere cooperación operativa en tiempo real —no solo burocrática.
Datos Clave
- Julija desapareció el 3 de noviembre de 2021, a los 10 años, en Eslovenia.
- Su madre, Melissa Smrekar, está en la lista de fugitivos más buscados de Europol.
- Se sospecha su presencia en Gran Canaria, tras cartas con matasellos locales.
- El caso se ampara en el Convenio de La Haya de 1980 y la Ley 15/2015 española.
- Peter Pogacar denunciará ante la Policía Nacional y coordinará con la Oficina de Cooperación Judicial Internacional.
La desaparición de Julija no es solo un drama familiar. Es un test de eficacia del sistema judicial europeo. Refleja las tensiones entre soberanía nacional y protección transfronteriza del menor. También expone los límites de los mecanismos de alerta cuando faltan datos geolocalizables concretos. Y, sobre todo, revela cómo un caso individual puede convertirse en un espejo de las debilidades estructurales de la cooperación penal y civil en la UE.
