El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un desafío monumental para muchas familias en la provincia de Alicante. La crisis del alquiler ha dejado a miles de personas en situaciones precarias, afectando no solo a quienes carecen de hogar, sino también a aquellos que, a pesar de tener empleo, enfrentan condiciones laborales inestables. Este fenómeno ha sido documentado en la memoria de Cáritas, que revela que un alarmante porcentaje de familias destina más del 35% de sus ingresos al pago del alquiler, superando así el umbral recomendado por organismos internacionales. En el caso de muchas familias que buscan ayuda, este porcentaje puede llegar hasta el 80%, lo que limita su capacidad para satisfacer otras necesidades básicas como la alimentación.
La situación se agrava con el aumento de la pobreza alimentaria, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años. Los bancos de alimentos han reportado un incremento en la demanda de asistencia, mientras que las donaciones han disminuido, creando un círculo vicioso que perpetúa la inseguridad alimentaria en la región. Esta crisis no solo afecta a los más desfavorecidos, sino que también impacta en la cohesión social de la comunidad, generando una fractura que se vuelve cada vez más difícil de reparar.
**Causas de la Exclusión Residencial**
Una de las principales causas de la exclusión residencial en Alicante es la situación administrativa irregular de muchas personas migrantes. Esta condición no solo limita su acceso a la vivienda, sino que también contribuye a la cronificación de la pobreza. Cáritas ha observado un aumento en la complejidad de las situaciones que enfrentan las personas atendidas, lo que requiere un mayor esfuerzo en términos de recursos y personal para ofrecer un acompañamiento integral.
El director de Cáritas ha señalado que algunas familias llegan a gastar hasta el 90% de sus ingresos en el alquiler, lo que es insostenible. Por ejemplo, el costo de un quinto sin ascensor en el barrio Virgen del Remedio ha pasado de 300 a más de 700 euros en poco tiempo. Esta escalada de precios ha llevado a muchas personas a buscar habitaciones en pisos compartidos, una opción que, aunque más asequible, a menudo se encuentra en condiciones precarias y con precios exorbitantes.
La memoria de Cáritas también destaca que el mercado de alquiler de habitaciones está saturado, lo que ha llevado a un aumento significativo en los precios. En ciudades cercanas a Alicante, los precios de las habitaciones han pasado de 150-200 euros al mes a 400-500 euros, lo que agrava aún más la situación de las familias vulnerables.
**La Respuesta de Cáritas y la Necesidad de Políticas Públicas**
Cáritas ha incrementado sus ayudas al alquiler en un 45% en 2024, alcanzando un total de 586,605 euros para casi 4,000 familias. Estas ayudas han sido fundamentales para evitar desahucios y facilitar el acceso a viviendas de alquiler. Sin embargo, la organización advierte que estas medidas son insuficientes ante la magnitud de la crisis habitacional. La falta de políticas públicas efectivas y la escasez de vivienda social son factores que agravan la emergencia estructural que enfrenta la región.
La entidad ha hecho un llamado a la construcción de más viviendas sociales, argumentando que el derecho a la vivienda no debería depender del nivel de ingresos. En comparación con otros países europeos, donde el porcentaje de vivienda social puede alcanzar hasta el 30%, en España este número es alarmantemente bajo, situándose en un 3%. Esta disparidad resalta la necesidad urgente de un cambio en las políticas habitacionales del país.
Además de la crisis del alquiler, Cáritas ha implementado programas de formación y orientación laboral para ayudar a las personas a salir de la exclusión. En 2024, la organización acompañó a más de 15,721 personas de manera directa, con un perfil que refleja una sociedad fracturada, donde más del 66% de los atendidos son de origen extranjero no comunitario. Esta situación es especialmente preocupante, ya que muchos de ellos se encuentran en un limbo jurídico que les impide acceder a empleo y vivienda.
El obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha expresado su compromiso de ayudar a las personas en situación de emergencia, especialmente a aquellos que provienen de países como Colombia y Venezuela. La feminización de la pobreza también es un tema relevante, ya que muchas mujeres son las principales cuidadoras y sostenedoras del hogar, enfrentando una carga adicional en tiempos de crisis.
La intervención de Cáritas se articula a través de una red integral de recursos, que incluye centros especializados para personas sin hogar y programas específicos para mujeres en exclusión severa. Sin embargo, la creciente demanda de servicios ha llevado a un déficit financiero que la organización ha tenido que cubrir con fondos propios, lo que pone en riesgo la continuidad de sus programas.
La situación en Alicante es un reflejo de una crisis más amplia que afecta a muchas ciudades en España y Europa. La necesidad de un enfoque integral que aborde tanto la crisis del alquiler como la inclusión social es más urgente que nunca. La colaboración entre organizaciones, gobiernos y la sociedad civil será crucial para enfrentar estos desafíos y garantizar un futuro más justo y equitativo para todos.
