Vecinos de Sax denunciaron cortes frecuentes y subidas de tensión. Estas anomalías eléctricas alertaron a la Guardia Civil. La investigación desveló dos plantaciones de marihuana en Sax y Petrer. Se detuvo a dos hombres de 34 y 37 años. Ambos enfrentan cargos por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. La operación Green Saj duró dos meses y culminó con 400 plantas intervenidas.
¿Cómo detectó la Guardia Civil las plantaciones a partir de fallos eléctricos?
Los cortes de suministro eléctrico y las subidas de tensión no son incidentes aislados. Son señales de sobrecarga en la red. En este caso, los vecinos de una calle de Sax reportaron alteraciones recurrentes desde marzo de 2026. El Área de Investigación de la Guardia Civil de Sax vinculó los fallos con un enganche ilegal a la red eléctrica. Ese tipo de conexión fraudulenta suele alimentar instalaciones de alto consumo, como las de cultivo de marihuana.
El consumo energético como indicador forense
Las plantas de marihuana en interior requieren lámparas de crecimiento, sistemas de ventilación y climatización. Estos equipos consumen entre 3 y 5 kW por planta. Una instalación de 400 plantas puede superar los 1.200 kW, equivalente al consumo de 400 hogares. Esa demanda anómala genera picos de tensión y colapsos locales. La red eléctrica no está diseñada para soportar este tipo de carga no registrada.
¿Qué delitos se imputan y cuál es su marco legal?
Los detenidos enfrentan dos acusaciones principales: delitos contra la salud pública (artículo 368 del Código Penal) y defraudación de fluido eléctrico (artículo 251 del Código Penal). El primero castiga el cultivo, elaboración o tráfico de sustancias estupefacientes. El segundo sanciona el uso no autorizado de energía con ánimo de lucro o perjuicio económico.
La doble vía penal y administrativa
Además de la vía penal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede imponer sanciones administrativas por fraude eléctrico. Estas multas oscilan entre 30.000 y 600.000 euros, según la gravedad y la duración del fraude. La sentencia también puede incluir la reparación del daño causado a la red, que en este caso afectó a decenas de vecinos.
¿Cuál es el impacto económico real de estas plantaciones en la red eléctrica?
El fraude eléctrico no solo afecta a la compañía suministradora. Genera costes indirectos para todos los consumidores. Cada caso como el de Sax eleva el coste de mantenimiento de la red. Las subidas de tensión acortan la vida útil de transformadores y contadores. Las compañías eléctricas trasladan esos costes al conjunto de usuarios mediante ajustes tarifarios. Según datos de la CNMC, el fraude eléctrico representa el 3,2 % del total facturado anualmente en España.
El costo oculto para los vecinos
Los residentes de la calle afectada soportaron interrupciones diarias. Algunos electrodomésticos sufrieron daños por sobretensión. Otros tuvieron que reemplazar contadores y protecciones. Estos gastos no están cubiertos por seguros ni por las comercializadoras. Quedan en el ámbito de la responsabilidad civil de los autores del fraude.
¿Qué papel juega la coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad?
La operación Green Saj implicó tres unidades especializadas: el Área de Investigación de Sax, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante y el Equipo ROCA de Ibi. Esta colaboración es clave para abordar delitos con dimensión territorial y técnica. El ROCA aportó experiencia en intervenciones con riesgo químico y biológico. La USECIC garantizó el control perimetral y la seguridad ciudadana durante los registros.
Datos Clave
- Se intervinieron más de 400 plantas de marihuana en una vivienda de Petrer.
- El fraude eléctrico se realizó mediante un enganche ilegal a la red.
- La operación duró dos meses, desde marzo hasta mayo de 2026.
- Los detenidos son de 34 y 37 años, ambos vecinos de la comarca.
- La investigación partió de quejas vecinales, no de denuncias anónimas o inteligencia previa.
La tridimensionalidad del caso es clara: desde el contexto actual de aumento de cultivos indoor en zonas rurales, hasta su impacto económico en la red eléctrica y el marco legal que articula la respuesta policial y administrativa. No se trata solo de un delito contra la salud pública. Es un ataque sistémico a la infraestructura energética y a la convivencia vecinal.
