La reciente absolución de dos médicos en un caso de homicidio por imprudencia ha generado un intenso debate en la comunidad médica y en la sociedad en general. La decisión, emitida por el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Murcia, se refiere a la muerte de un menor de 14 años, Alejandro, quien falleció en 2011 tras ser diagnosticado erróneamente con gastroenteritis. Este caso ha puesto de manifiesto la complejidad de los diagnósticos médicos y las responsabilidades que conllevan.
### Contexto del Caso
Alejandro, un adolescente que habría cumplido 28 años en 2025, fue diagnosticado inicialmente con gastroenteritis por un médico del Virgen de la Caridad de Cartagena. A pesar de que el joven presentaba síntomas que podrían haber sido indicativos de meningitis, el diagnóstico no se ajustó a la gravedad de su condición. Solo nueve días después de su diagnóstico inicial, Alejandro falleció en el hospital Virgen de la Arrixaca, lo que llevó a la familia a presentar cargos contra los médicos involucrados.
La Fiscalía solicitó una pena de 18 meses de prisión y tres años de inhabilitación para cada uno de los médicos, argumentando que su falta de atención y el diagnóstico erróneo contribuyeron a la muerte del menor. Sin embargo, la jueza del caso determinó que no había pruebas suficientes para demostrar que los médicos habían actuado con imprudencia grave. En su sentencia, la jueza destacó que el diagnóstico de gastroenteritis no era irracional ni injustificado, dado que era compatible con los síntomas que Alejandro presentaba en ese momento.
### Detalles de la Sentencia
La jueza argumentó que el médico que atendió a Alejandro en su casa realizó una serie de pruebas físicas que no indicaron signos de meningitis. A pesar de las críticas sobre la falta de ciertas maniobras diagnósticas, como la verificación de rigidez de nuca, la jueza concluyó que el médico actuó de acuerdo con los protocolos establecidos y que su diagnóstico no fue erróneo en el contexto de los síntomas observados.
Por otro lado, la neuróloga del Virgen de la Arrixaca también fue exonerada. Ella había decidido trasladar a Alejandro de vuelta al hospital Rosell, argumentando que no había espacio en su unidad. El fiscal había sostenido que esta decisión contribuyó al desenlace fatal, pero la jueza consideró que no había pruebas suficientes para afirmar que el traslado había influido directamente en la muerte del menor. La magistrada enfatizó que, en un procedimiento penal, la pérdida de oportunidad solo puede ser considerada si se ajusta a los principios de culpabilidad y presunción de inocencia.
La jueza también subrayó que el aumento de la presión intracraneal que sufrió Alejandro no fue la causa de su fallecimiento, sino una consecuencia de la enfermedad que ya había progresado en su cerebro. Esta aclaración fue crucial para entender la complejidad del caso y la dificultad de establecer una relación directa entre las acciones de los médicos y el desenlace trágico.
### Reacciones y Consecuencias
La decisión del tribunal ha suscitado reacciones encontradas. La familia de Alejandro ha manifestado su intención de apelar la sentencia, argumentando que la muerte de su hijo podría haberse evitado con un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno. Este caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad médica y la necesidad de revisar los protocolos de diagnóstico en situaciones de emergencia.
Por otro lado, la absolución de los médicos también ha sido recibida con alivio por parte de muchos profesionales de la salud, quienes argumentan que el caso pone de relieve la dificultad de realizar diagnósticos precisos en situaciones donde los síntomas pueden ser confusos. La comunidad médica ha expresado su preocupación por el impacto que este tipo de juicios puede tener en la práctica médica, temiendo que el miedo a represalias legales pueda llevar a una medicina más defensiva y menos centrada en el paciente.
En resumen, este caso no solo ha puesto de manifiesto la tragedia de la pérdida de un joven, sino que también ha planteado preguntas importantes sobre la práctica médica, la responsabilidad profesional y la necesidad de un sistema judicial que comprenda las complejidades de la medicina moderna. La historia de Alejandro es un recordatorio de que, en el ámbito de la salud, cada decisión puede tener consecuencias profundas y duraderas.
