La transición venezolana en 2026 no es un cambio gradual ni consensuado: es un proceso político frágil, con múltiples actores en disputa y sin un marco legal claro. Afecta directamente a los 30 millones de venezolanos, a los migrantes que esperan un retorno seguro y a los inversores internacionales que observan con cautela los movimientos en el sector energético y minero. Su éxito o fracaso definirá si Venezuela recupera instituciones democráticas reales o se consolida una nueva forma de gobierno autoritario con fachada negociada.
La transición no es un acuerdo, sino una disputa por el poder
Lo que se llama «transición» es, en realidad, una competencia entre dos proyectos políticos con distintos respaldos internacionales y visiones sobre el futuro del país.
Uno de ellos está liderado por Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional actual, y Dinorah Figuera, quien representa a un sector de la oposición que aceptó negociar con el régimen sin exigir la restitución previa de la Asamblea Nacional electa en 2015. Este grupo anunció una mesa de diálogo que comenzará el 1 de agosto de 2026.
El otro proyecto lo encabeza María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y figura central de la oposición democrática. Ella rechazó participar en esa mesa porque no fue convocada ni consultada. En su declaración, dejó claro: no participamos; no nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones.
Esto no es una simple diferencia de estrategia. Es una fractura sobre qué significa “transición”: ¿un acuerdo entre elites con garantías para el régimen? ¿O un retorno a la Constitución y a la voluntad popular expresada en las urnas?
Marco normativo: ausencia de ley, presencia de presión internacional
No existe una ley venezolana que regule la transición. Tampoco hay un acuerdo constitucional ni un decreto presidencial que la habilite. En su lugar, opera una combinación de presiones diplomáticas, decisiones unilaterales de actores extranjeros y movimientos tácticos de actores locales.
La administración de Estados Unidos, bajo el secretario de Estado Marco Rubio, dio por hecho el inicio de la transición el 1 de agosto. Pero su respaldo va dirigido a Jorge Rodríguez —hermano de la ex “presidenta encargada” Delcy Rodríguez—, quien mantiene el control de las instituciones clave y de los contratos petroleros y mineros.
Esto revela una prioridad práctica: estabilidad para los negocios, no necesariamente democracia. Rubio y el gobierno de Donald Trump dejaron de considerar a Machado y a Edmundo González Urrutia como interlocutores privilegiados tras la operación militar del 3 de enero de 2026 que desplazó a Nicolás Maduro del poder ejecutivo.
El vacío legal se llena con actos políticos: el Manifiesto de Panamá, firmado por Machado y otros líderes, exige nuevas elecciones libres y verificables en el menor tiempo posible, la restitución de la Asamblea Nacional de 2015 y la liberación de presos políticos. Pero ese documento no tiene rango legal ni respaldo institucional dentro de Venezuela.
El ciudadano no es espectador: sus derechos están en juego
La transición no es un asunto de salas cerradas. Afecta a cada venezolano en lo cotidiano:
- Derecho al voto: Si no hay elecciones transparentes, no hay representación legítima.
- Derecho a la seguridad jurídica: Los contratos de inversión en petróleo y minería podrían ignorar las leyes ambientales o laborales vigentes.
- Derecho al retorno: Los 7,8 millones de migrantes necesitan garantías reales de que no volverán a un sistema represivo disfrazado de diálogo.
Machado lo resumió con claridad: “Para eso hemos luchado desde hace muchos años”, refiriéndose a elecciones libres. Pero su voz está fuera de la mesa oficial, y eso debilita la rendición de cuentas.
Lo esencial en 3 puntos
- La llamada «transición venezolana» es un proceso fragmentado, sin base constitucional ni ley que lo respalde.
- María Corina Machado y Edmundo González Urrutia están excluidos de la mesa de diálogo que inicia el 1 de agosto, pese a haber ganado las elecciones de julio de 2024.
- El respaldo de Estados Unidos se orienta hacia actores que garantizan la continuidad de los negocios energéticos, no necesariamente la restauración democrática.
El 1 de agosto no marca el inicio de una solución, sino el comienzo de una nueva fase de incertidumbre. Para los ciudadanos, lo más urgente no es esperar acuerdos entre elites, sino exigir transparencia, participación real y un cronograma con fechas concretas para elecciones libres y justas.
