Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú en julio de 2026, tras ganar por menos de 0,3% de los votos. Es la primera mujer en gobernar el país bajo el sello del fujimorismo, pero también la primera que lo hace sin el respaldo del padre fundador, ya fallecido, y en un contexto democrático profundamente fracturado. Su llegada no es solo un cambio de gobierno: es una prueba de fuego para las instituciones peruanas, que han vivido una década de inestabilidad, cuatro presidentes destituidos o encarcelados y una crisis de confianza sin precedentes. Ciudadanos, empresarios, periodistas y jueces están atentos: ¿cómo se construye un gobierno bajo un nombre cargado de memoria traumática?
El fujimorismo no es lo que era en los años 90
El fujimorismo nació como una propuesta antiestablishment en 1990, pero se consolidó con el autogolpe de 1992, la disolución del Congreso y la reforma constitucional impuesta desde el poder. Hoy, Keiko no puede ni legal ni políticamente replicar ese modelo. La Constitución de 1993 sigue vigente, pero está sometida a múltiples reformas y controles: el Tribunal Constitucional ha reforzado su autonomía, el Ministerio Público actúa con mayor independencia y el Congreso, aunque fragmentado, ya no es monolítico como en los años de Fuerza Popular.
¿Qué cambió desde la era Alberto Fujimori?
- La Justicia peruana ya no depende del Ejecutivo: desde 2018, los fiscales y jueces son nombrados por el Consejo del Poder Judicial, no por el presidente.
- El control ciudadano es más fuerte: redes sociales, medios independientes y organizaciones de derechos humanos monitorean en tiempo real cada decisión del gobierno.
- La Constitución prohíbe la reelección inmediata, pero no la postulación tras un periodo: Keiko aprovechó esa brecha tras su derrota en 2021.
Keiko Fujimori no gobierna como su padre, pero sí con su legado
Keiko no es una copia de Alberto Fujimori, pero tampoco una ruptura. Su discurso evita el autoritarismo explícito, pero insiste en mano dura contra la corrupción y el terrorismo, dos banderas que su padre usó para justificar abusos. Hoy, esos términos tienen significados distintos: la corrupción se investiga con pruebas judiciales, no con allanamientos arbitrarios; el terrorismo ya no se aplica a opositores, sino a redes vinculadas al narcotráfico o a remanentes de Sendero Luminoso.
El nuevo fujimorismo se construye en tres pilares
- Institucionalidad formal: respeta los plazos electorales, acata sentencias del Tribunal Constitucional y mantiene el Banco Central independiente.
- Narrativa de reivindicación: presenta su gobierno como una “rectificación histórica”, no como una venganza, y evita mencionar los crímenes de lesa humanidad del régimen anterior.
- Alianzas pragmáticas: su coalición incluye partidos de centro y sectores empresariales que rechazan el populismo, pero también exigen transparencia y rendición de cuentas.
El contexto actual exige otro tipo de liderazgo
Perú tiene el Congreso más fragmentado de su historia: 12 bancadas, ninguna con mayoría absoluta. Eso obliga a Keiko a negociar cada ley, desde el presupuesto hasta reformas tributarias. Además, el país enfrenta una crisis de inversión extranjera, una inflación persistente y una ola de violencia en zonas cocaleras. En este escenario, el fujimorismo no puede depender de la figura carismática de un líder, sino de su capacidad para articular acuerdos y cumplir promesas concretas.
¿Qué implica esto para los ciudadanos?
- Los peruanos tendrán más canales para denunciar abusos: la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de Derechos Humanos están fortalecidas.
- Las licitaciones públicas deben ser públicas y auditables: la Ley de Transparencia se aplica con mayor rigor desde 2024.
- El acceso a la justicia es más rápido: los juzgados especializados en corrupción han reducido los tiempos de procesamiento en un 40% desde 2022.
El marco normativo limita el poder presidencial
La Constitución peruana, aunque criticada por su rigidez, establece controles horizontales reales: el Congreso puede censurar ministros, el Tribunal Constitucional puede anular decretos y el Jurado Nacional de Elecciones supervisa cada acto electoral. Además, la Ley de Ética Pública exige que todos los funcionarios declaren sus bienes y relaciones familiares. Keiko ya presentó su declaración patrimonial ante la Contraloría General —un gesto simbólico, pero obligatorio.
Lo esencial en 3 puntos
- El fujimorismo actual no es autoritario por diseño, sino una fuerza política que opera dentro de las reglas democráticas, aunque con una fuerte carga simbólica.
- Keiko Fujimori gobierna con menos poder formal que su padre, pero con más presión ciudadana y más controles institucionales.
- Para los peruanos, esto significa que cada decisión del gobierno será auditada, debatida y, si es necesaria, impugnada —no por militantes, sino por jueces, periodistas y ciudadanos organizados.
