La inmunidad parlamentaria europea no es un escudo definitivo, sino una protección temporal que evita que un eurodiputado sea investigado o juzgado sin autorización previa del Parlamento Europeo. Esto afecta directamente a ciudadanos como José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, cuya denuncia por coacciones desencadenó la cuarta solicitud del Tribunal Supremo para levantar esa protección a Luis ‘Alvise’ Pérez. Si se aprueba, el caso avanzará en la justicia española. Si no, la investigación se paraliza. Esto importa a todos: porque la inmunidad no es privilegio, sino garantía institucional —y su uso indebido afecta la confianza en las instituciones democráticas.
La inmunidad europea no es impunidad, sino una salvaguarda condicional
La inmunidad de los eurodiputados está regulada en el Protocolo nº 7 sobre los privilegios y inmunidades de la UE, y se aplica desde el momento de la proclamación hasta el fin del mandato. Pero no protege contra delitos cometidos fuera de su función parlamentaria. Si los hechos —como los mensajes amenazantes en Telegram— no guardan relación con su labor en el Parlamento Europeo, la inmunidad puede y debe ser levantada.
El Supremo no actúa por capricho: cada solicitud (suplicatorio) incluye una motivación jurídica detallada. En este caso, el juez instructor Antonio del Moral concluye que los mensajes de ‘@Alviseperez’ —publicados entre octubre de 2024 y diciembre de 2025— no forman parte de su actividad parlamentaria, sino que constituyen una conducta privada con efectos públicos y potencialmente delictivos.
¿Qué dice el Código Penal español al respecto?
Los mensajes analizados podrían encajar en dos figuras penales:
- Coacciones (artículo 172.1): cuando alguien obliga a otro a hacer, no hacer o tolerar algo mediante violencia o intimidación.
- Amenazas condicionales (artículo 169.1): cuando se anuncia un mal futuro —como la difusión de supuestos delitos sexuales o irregularidades municipales— si la víctima no cumple una exigencia (en este caso, dimitir como alcalde).
Ambas son delitos públicos: no dependen de la denuncia de la víctima para avanzar, pero sí requieren pruebas sólidas. Por eso el Supremo pide levantar la inmunidad: para poder practicar diligencias —como analizar servidores de Telegram o citar testigos— sin obstáculos legales.
Cada suplicatorio refleja una línea de investigación distinta
Alvise tiene seis causas abiertas en el Tribunal Supremo. Cuatro ya han derivado en solicitudes formales al Parlamento Europeo. De las tres anteriores, dos ya fueron aprobadas:
- Por financiación ilegal del partido SALF: vinculada a aportaciones no declaradas y uso de cuentas opacas.
- Por delito electoral: relacionado con la difusión de información falsa durante la campaña europea de 2024.
La tercera solicitud, aún pendiente de resolución, investiga presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra sus compañeros de lista en SALF. Esto muestra un patrón: las acusaciones no son aisladas, sino que cruzan distintos ámbitos —electoral, financiero, personal y administrativo— y todas apuntan a conductas realizadas fuera del ejercicio parlamentario.
El Parlamento Europeo decide, pero no de forma automática
El Parlamento Europeo no es un trámite burocrático. Su Comisión de Asuntos Jurídicos evalúa cada suplicatorio con independencia, escucha al eurodiputado investigado y consulta a expertos jurídicos. En 2025, por ejemplo, rechazó levantar la inmunidad a otro eurodiputado acusado de difamación, al considerar que sus declaraciones sí estaban vinculadas a su función parlamentaria.
En el caso de Alvise, el hecho de que ya se hayan aprobado dos suplicatorios refuerza la percepción de que la Eurocámara valora las pruebas y la gravedad de los hechos. Pero cada solicitud se juzga por separado: la cuarta —por coacciones al alcalde de Algeciras— debe probar, una vez más, que los mensajes no eran parte de un debate político legítimo, sino una presión personal con finalidad intimidatoria.
Lo esencial en 3 puntos
- La inmunidad parlamentaria europea protege el ejercicio libre de la función, no los actos privados delictivos.
- El Tribunal Supremo ha pedido cuatro veces levantarla a Alvise porque sus mensajes en Telegram podrían constituir coacciones o amenazas condicionales, delitos penales españoles.
- Cada suplicatorio se evalúa de forma independiente: ya se han aprobado dos —por financiación ilegal y delito electoral—, lo que refleja una repetición de conductas fuera del mandato parlamentario.
El contexto actual es claro: la justicia española actúa dentro de sus competencias, pero necesita la colaboración institucional de la Eurocámara para avanzar. Para el ciudadano, esto significa que ni los cargos electos están por encima de la ley, ni la justicia puede actuar sin respetar las garantías democráticas. La inmunidad no es un muro, sino un puente que debe cruzarse con transparencia, pruebas y respeto al Estado de Derecho.
