Trabajadores con discapacidad de Alicantino Poda, centro especial de empleo vinculado a Anilia, protestaron este martes frente al Ayuntamiento de Alicante por una deuda de 193.000 euros. El dinero corresponde a servicios de mantenimiento de zonas verdes en Vía Parque y Benisaudet, ejecutados sin interrupción desde que expiró el contrato original el 30 de junio de 2025. La protesta reúne a cerca de cincuenta personas: trabajadores, familiares y técnicos. Sus consignas denuncian la falta de inclusión real, la precariedad económica y la violación del principio de igualdad de oportunidades.
¿Por qué los trabajadores con discapacidad no han cobrado sus servicios?
El contrato inicial entre el Ayuntamiento de Alicante y Alicantino Poda se firmó en 2020. Incluía dos prórrogas automáticas y expiró formalmente el 30 de junio de 2025. Desde entonces, no se ha adjudicado el nuevo contrato. A pesar del vacío legal, el servicio se mantuvo activo. El Ayuntamiento justifica la continuidad como una medida excepcional. Pero los trabajadores no recibieron pago alguno por esos meses de labor efectiva.
El mecanismo de reserva para centros especiales de empleo
La Ley General de Discapacidad exige reservar al menos el 7 % de los contratos públicos a centros especiales de empleo. El lote de Vía Parque y Benisaudet estaba explícitamente reservado bajo este régimen. Esa reserva no es un favor: es una obligación legal para garantizar el acceso al empleo protegido. Al no licitar a tiempo, el Ayuntamiento incumplió su deber de planificación y transparencia.
¿Qué implica la prórroga hasta diciembre de 2026?
La Junta de Gobierno Local aprobó este martes la continuidad del servicio hasta diciembre de 2026, con una retribución global de 316.257 euros (IVA incluido). Pero esta medida no resuelve la deuda acumulada. Solo evita una paralización inmediata. El acuerdo no incluye cláusulas de pago retroactivo ni garantías de liquidez para los trabajadores. Es, según Lola Ramírez, directora de Anilia, un parche administrativo sin solución estructural.
La brecha entre norma y práctica
La Reserva de Contratos Públicos está regulada en el artículo 56 de la Ley 8/2015 de Contratos del Sector Público. Su incumplimiento no solo afecta a los ingresos de los trabajadores: genera inseguridad jurídica, desincentiva la participación de centros especiales y debilita la confianza institucional. En Alicante, la demora supera los 12 meses desde la finalización del contrato anterior.
¿Cómo afecta esta situación al tejido económico local?
Alicantino Poda emplea a más de 40 personas con discapacidad certificada. La falta de cobro ha forzado recortes salariales, suspensión de contratos temporales y retrasos en pagos a proveedores locales. El impacto se extiende a familias, cooperativas de apoyo y entidades de formación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cada puesto en un centro especial de empleo genera 1,7 empleos indirectos. La deuda de 193.000 euros equivale a más de 10 salarios mínimos anuales no pagados.
El costo oculto de la burocracia lenta
La demora en la licitación no es técnica: es política y organizativa. El Ayuntamiento no activó el procedimiento de contratación pública con la antelación mínima exigida (mínimo 3 meses antes del vencimiento). Eso viola el principio de buena fe contractual, reconocido por la Audiencia Nacional en sentencia 124/2023.
¿Qué dice la ley sobre los impagos a centros especiales de empleo?
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo exige que las administraciones públicas paguen a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días tras la recepción de la factura. Alicantino Poda presentó facturas mensuales desde julio de 2025. Ninguna ha sido abonada. Además, el Real Decreto 1/2015 establece que los impagos reiterados a entidades de economía social pueden derivar en sanciones administrativas y pérdida de subvenciones estatales.
Datos Clave
- La deuda acumulada asciende a 193.000 euros, sin intereses ni recargos.
- El contrato original finalizó el 30 de junio de 2025, tras dos prórrogas.
- La prórroga actual se extiende hasta diciembre de 2026, sin garantía de adjudicación previa.
- El servicio de mantenimiento de zonas verdes sigue operativo, pero sin financiación confirmada.
- La protesta reunió a 50 personas, incluidos trabajadores, familiares y técnicos de Anilia.
La situación en Alicante no es aislada. En 2025, el Ministerio de Derechos Sociales registró 17 denuncias similares en municipios de más de 100.000 habitantes. La falta de pagos no es un error contable: es una fractura en el sistema de empleo protegido, una falla en la ejecución de políticas de inclusión y un riesgo para la sostenibilidad de los centros especiales de empleo. Sin liquidez, no hay estabilidad laboral. Sin estabilidad, no hay inclusión real.
