Perú enfrenta una crisis de credibilidad electoral tras el segundo turno presidencial del 7 de junio de 2026. Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, rechaza el resultado preliminar que otorga a Keiko Fujimori una ventaja de 41.000 votos, alegando irregularidades en votos del extranjero. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no concluye el escrutinio. La tensión se agrava por cambios en protocolos de digitalización de actas y por la falta de transparencia en consulados.
¿Qué irregularidades denuncia Sánchez en los votos del extranjero?
Sánchez señala que se vulneró el principio de seguridad jurídica del sistema de votación. La ONPE eliminó la obligatoriedad de escanear y digitalizar actas de forma inmediata tras el cierre de mesas en el exterior. Ese cambio, aplicado solo en el segundo turno, rompió la continuidad del protocolo usado en la primera vuelta.
Esto generó una brecha crítica: sin digitalización en tiempo real, no hay trazabilidad ni verificación independiente de los resultados consulares. El candidato califica la situación como fraude en desarrollo, no como una denuncia aislada.
¿Dónde ocurrieron las mayores fallas?
Las denuncias se concentran en ciudades con alta concentración de migrantes peruanos: Madrid, Nueva York, Santiago de Chile y Tokio. En esas sedes consulares, se reportaron retrasos en la entrega de actas, inconsistencias en los formatos físicos y ausencia de testigos de partidos en el escrutinio local.
¿Qué dice la ley electoral sobre los votos emitidos en el extranjero?
La Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859) establece que los votos del exterior deben ser procesados bajo los mismos estándares de transparencia que los nacionales. El Artículo 87 exige la publicación inmediata de actas y su verificación por representantes de todas las fuerzas políticas.
El Reglamento de la ONPE para 2026, sin embargo, flexibilizó esos requisitos para el segundo turno. Esa modificación no fue sometida a consulta pública ni a revisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es un vacío normativo que socava la legitimidad del proceso.
¿Qué rol tiene la Cancillería?
La Cancillería peruana aprobó los cambios logísticos en coordinación con la ONPE. Eso la convierte en co-responsable del marco operativo. Su silencio ante las denuncias refuerza la percepción de parcialidad institucional.
¿Cuál es el impacto económico de esta crisis electoral?
Los mercados reaccionaron con volatilidad inmediata. El sol peruano cayó un 2,3% frente al dólar en las primeras 48 horas posteriores al anuncio de Sánchez. Las calificadoras de riesgo, como Fitch y Moody’s, emitieron advertencias sobre la calidad institucional del país. Inversiones en infraestructura y minería están en pausa mientras se resuelve la incertidumbre.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advirtió que una prolongación de la tensión podría afectar el crecimiento del 2026, proyectado inicialmente en 2,8%.
¿Qué puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)?
El JNE tiene potestad para anular resultados si comprueba vulneraciones graves al debido proceso. Pero su margen de acción está limitado por plazos legales: debe proclamar al presidente electo antes del 28 de julio. Si no resuelve las denuncias antes, su decisión podría ser impugnada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué exige la sociedad civil?
Organizaciones como Transparencia y el Observatorio Electoral de la PUCP demandan una auditoría internacional de los votos consulares. También piden la publicación íntegra de las actas escaneadas y la reconstitución de los procesos de escrutinio en presencia de observadores.
Datos Clave
- La ventaja de Keiko Fujimori es de 41.000 votos, equivalente al 0,23% del total escrutado.
- El 72% de los votos del extranjero se concentra en cinco países: España, EE.UU., Chile, Argentina y Japón.
- La ONPE eliminó la digitalización obligatoria de actas en el segundo turno, pese a haberla aplicado en la primera vuelta.
- El JNE tiene plazo hasta el 28 de julio de 2026 para proclamar al presidente electo.
- El Banco Central de Reserva del Perú vinculó la inestabilidad electoral con riesgos para la inversión y la inflación.
La crisis no es solo técnica: es una prueba de resistencia del sistema democrático peruano. La confianza ciudadana depende de la aplicación estricta de la Ley Orgánica de Elecciones, no de la discrecionalidad administrativa. Cada día sin resolución legal profundiza la fractura institucional y erosiona el valor del voto peruano en el exterior.
