El juzgado investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus. Una nueva remesa de correos electrónicos del Ayuntamiento de Alicante ha llegado al tribunal. Estos mensajes cubren la segunda quincena de enero de 2026. Faltaban desde el 15 al 26. Su omisión generó alertas por parte del PSOE, que actúa como acusación particular.
¿Qué correos faltaban y por qué son clave?
La magistrada solicitó todas las comunicaciones entre el servicio de Gestión Patrimonial y el vicesecretario municipal Germán Pascual. El Ayuntamiento entregó solo los del 26 al 31 de enero. Ignoró los del 15 al 26: el período en que se detectaron las primeras alertas.
Estos correos contienen el origen del escándalo. Registran cómo el departamento de Patrimonio alertó sobre posibles irregularidades. También muestran cómo evolucionó la versión oficial del informe interno.
El borrador inicial señalaba responsabilidades concretas
El primer documento, sin firmar, nombraba a tres funcionarios: la exedil Rocío Gómez, la jefa de Contratación María Pérez-Hickman, y el arquitecto municipal Francisco Nieto. Además, aludía al papel del Consistorio en la gestión del proyecto.
El informe definitivo eliminó nombres y responsabilidades
En la versión final, se borraron todos los nombres. También desapareció cualquier mención a la posible responsabilidad del Ayuntamiento. El cambio ocurrió tras la apertura del expediente interno. Fue ordenado desde Alcaldía.
¿Qué implica la omisión de correos en una investigación judicial?
La retención de información solicitada por un juzgado afecta la transparencia procesal. No es un simple retraso administrativo. Es una posible obstrucción a la justicia. El plazo de cinco días fue incumplido parcialmente. El vicealcalde Manuel Villar afirmó que los correos “no existían”. Esa afirmación ahora se contradice con su entrega.
El marco legal exige colaboración activa
La Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a las administraciones a facilitar pruebas. El artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige la entrega íntegra de documentos solicitados. La omisión selectiva puede derivar en responsabilidad disciplinaria o penal.
¿Cuál es el impacto económico real del caso Les Naus?
El residencial Les Naus forma parte del plan de viviendas protegidas de Alicante. Su valor estimado supera los 12 millones de euros. Las adjudicaciones afectan a 84 viviendas. Cada una tiene un precio de adjudicación regulado por el precio de coste más un margen del 15 %.
Se pone en duda la equidad del acceso a la vivienda
Si hubo favorecimiento en las adjudicaciones, se vulnera el principio de igualdad de oportunidades. Los ciudadanos en lista de espera perdieron acceso a viviendas a precios subvencionados. El daño económico no es solo fiscal. Es social y de confianza institucional.
¿Qué rol juega el vicesecretario municipal en la investigación interna?
Germán Pascual, como vicesecretario municipal, coordinó la investigación interna. Su departamento debía garantizar la objetividad. Pero los correos omitidos muestran que recibió alertas directas de Patrimonio. También que participó en la redacción del informe final.
La dualidad de funciones genera conflicto de intereses
El vicesecretario actúa como órgano de control interno. Pero también forma parte de la estructura directiva del gobierno municipal. Esa superposición dificulta la independencia de la investigación.
Datos Clave
- El juzgado solicitó correos del 15 al 31 de enero de 2026. Solo se entregaron del 26 al 31.
- El primer borrador señalaba a Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto.
- El informe definitivo eliminó nombres y responsabilidades del Ayuntamiento.
- El residencial Les Naus incluye 84 viviendas protegidas con un valor total estimado de 12 millones de euros.
- La omisión de correos puede constituir obstrucción a la justicia, según el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- El vicesecretario municipal Germán Pascual coordinó la investigación interna y recibió las alertas iniciales.
La tridimensionalidad del caso es clara: su contexto actual revela una crisis de transparencia en la gestión municipal. Su impacto económico afecta el acceso equitativo a la vivienda protegida. Su marco legal exige colaboración plena con la justicia. Cualquier omisión no es técnica. Es política. Y tiene consecuencias jurídicas, sociales y presupuestarias reales.
