Julija Pogacar, niña eslovena de 10 años en 2021, lleva casi cinco años desaparecida. Su madre, Melissa Smrekar, la sacó del país sin autorización judicial. La Policía Nacional investiga su posible localización en Gran Canaria, tras una pista recibida por el padre, Peter Pogacar. El caso cruza fronteras, ideologías y sistemas legales. Es un ejemplo crítico de secuestro parental transnacional con vínculos a redes anticientíficas.
¿Qué es un secuestro parental y por qué este caso es atípico?
Un secuestro parental ocurre cuando un progenitor retiene o traslada a un menor sin consentimiento legal ni del otro padre. Este caso es atípico por su duración, su dimensión internacional y su relación con influencias sectarias. No se trata de una fuga aislada, sino de un aislamiento sistemático: Julija dejó de contactar con su padre, hermanos, tíos y compañeros de colegio.
El rol de las creencias extremas
La investigación apunta a que Melissa Smrekar habría sido influenciada por la gurú antivacunas Lana Praner. Sus teorías incluyen la existencia de microchips en vacunas, el control mediante 5G y la negación de la medicina convencional. Estas ideas no son meras opiniones: alimentan el aislamiento y justifican la ruptura con redes familiares y sociales.
¿Qué hace la Policía Nacional en Gran Canaria?
Agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) lideran la investigación en la isla. Colaboran con especialistas del Servicio de Información especializados en sectas destructivas. Esto es clave: no se trata solo de localizar a una madre y su hija, sino de desmontar un entorno de control ideológico que dificulta la recuperación del menor.
La denuncia internacional
Peter Pogacar presentará una denuncia formal en España. Ya lo hizo en Eslovenia y ante Europol. La cooperación judicial entre países es obligatoria bajo el Reglamento Bruselas II bis, que regula la competencia y reconocimiento de resoluciones en materia de responsabilidad parental.
¿Cuál es el marco legal aplicable en España?
En España, el Código Penal castiga el secuestro de menores con penas de 2 a 4 años (art. 225 bis). Si hay traslado internacional, se agrava la pena. Además, el Convenio de La Haya de 1980 obliga a los Estados firmantes —como España y Eslovenia— a restituir al menor al país de residencia habitual, salvo excepciones muy limitadas (riesgo grave para el menor, oposición fundada del niño mayor de 12 años).
La brecha entre ley y práctica
Aunque el marco legal es sólido, su aplicación depende de la identificación real del paradero. Sin una dirección, sin pruebas de residencia o vinculación local, los mecanismos de La Haya no se activan. Por eso, la pista de Gran Canaria es estratégica: si se confirma, se desencadena una cadena de actuaciones urgentes.
¿Qué impacto económico y social tiene este caso?
El caso tiene costes tangibles: más de 200.000 euros en gastos legales, desplazamientos y campañas de búsqueda, según fuentes cercanas a la familia. También impacta en la confianza en los sistemas de protección internacional. Cada año, España recibe más de 120 solicitudes de restitución bajo el Convenio de La Haya. Un fallo en este caso podría debilitar la credibilidad del sistema ante otros Estados miembros.
Datos Clave
- Julija desapareció el 1 de noviembre de 2021, a los 10 años, desde la casa de su padre en Eslovenia.
- Su madre, Melissa Smrekar, la sacó del país sin autorización judicial ni consentimiento paterno.
- La Policía Nacional investiga su posible presencia en Gran Canaria, con apoyo de la UFAM y especialistas en sectas destructivas.
- Se sospecha influencia de la gurú antivacunas Lana Praner, cuyas teorías incluyen microchips en vacunas y control mediante 5G.
- El caso está abierto ante Europol, la justicia eslovena y ahora también ante la española.
¿Qué papel juega la desinformación en los secuestros parentales?
La desinformación no es un fondo decorativo: es una herramienta de control. Las creencias extremas sirven para justificar la ruptura con el entorno, deslegitimar al progenitor restante y redefinir la realidad del menor. En este caso, Julija no solo fue trasladada físicamente: fue reeducada ideológicamente. Eso complica su recuperación psicológica y legal. Las autoridades no solo buscan una dirección: buscan desmontar una narrativa que ha sustituido a la verdad durante cinco años.
