Más de 27 millones de peruanos votan este domingo para elegir al próximo presidente. La elección se celebra con desconfianza generalizada. La ciudadanía elige entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ambos representan opciones polarizadas pero igualmente cuestionadas. El voto se ejerce como un acto de resistencia institucional, no de entusiasmo democrático. La juramentación del nuevo mandatario será el 28 de julio.
¿Por qué esta segunda vuelta refleja un profundo desgaste democrático?
Perú ha tenido siete presidentes en los últimos diez años. Cada uno ha sido destituido, renunciado o inhabilitado. Esta segunda vuelta no es una renovación: es una repetición del patrón. Fujimori llega por cuarta vez a una segunda vuelta. Sánchez se presenta como alternativa crítica al fujimorismo, pero su vínculo con el gobierno destituido de Pedro Castillo genera dudas de coherencia.
El 17% de votos de Fujimori y el 13% de Sánchez en la primera vuelta evidencian una fragmentación extrema. Más del 20% del padrón electoral optó por el voto en blanco, nulo o se abstuvo. Ese vacío electoral es el verdadero protagonista de la contienda.
¿Qué papel juega el legado de Alberto Fujimori en esta campaña?
Keiko Fujimori invoca explícitamente el legado de su padre, quien cumplió prisión por crímenes contra la humanidad. Su discurso mezcla nostalgia autoritaria con promesas de orden y seguridad. Este recurso no es nuevo: ya lo usó en 2011, 2016 y 2021. Pero ahora se inscribe en una ola regional de derechización conservadora, visible en Colombia y Ecuador.
El uso estratégico de la memoria histórica
Fujimori no niega los crímenes de su padre. Los relativiza. Habla de “logros económicos” y “estabilidad institucional” bajo su régimen. Este discurso encuentra eco en sectores que priorizan la seguridad sobre los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la impunidad no es negociable.
¿Cómo impacta la crisis económica en la decisión electoral?
La inflación anual supera el 6,2%. El desempleo juvenil ronda el 22%. El 38% de la población vive en pobreza. Estos datos no son abstractos: determinan el voto. Fujimori promete estabilidad fiscal con recortes en gasto social. Sánchez propone una reforma tributaria progresiva y reactivación del sector agrícola.
La brecha entre discurso y capacidad ejecutiva
Ningún candidato presenta un plan de gobierno con mecanismos de rendición de cuentas claros. Ambos evitan compromisos vinculantes con el Banco Central o la Contraloría. La falta de transparencia en sus financiamientos electorales sigue sin fiscalización efectiva.
¿Qué marco legal regula esta contienda y qué vacíos persisten?
La Ley de Partidos Políticos exige informes de gastos electorales cada 72 horas. Pero la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) carece de personal técnico para auditarlos en tiempo real. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha sancionado a ningún partido por incumplimiento desde 2022.
Reformas pendientes que afectan la legitimidad
- La Ley de Financiamiento de Partidos no prohíbe donaciones anónimas menores a S/5.000.
- No existe un régimen sancionador para la difusión de desinformación probada durante campañas.
- El sistema de fiscalización electoral no está integrado con la Superintendencia de Banca y Seguros.
Datos Clave
- Fujimori obtuvo el 17% de los votos en la primera vuelta; Sánchez, el 13%.
- Más del 20% del padrón electoral votó en blanco, anuló su papeleta o se abstuvo.
- Las encuestas muestran ventaja técnica de Fujimori, pero dentro del margen de error (±3,2%).
- Perú registra 7 cambios presidenciales desde 2016, el mayor índice de inestabilidad en América Latina.
- El 68% de los peruanos desconfía del Congreso, según encuesta CPI de mayo de 2026.
- La Corte Interamericana ha emitido 4 sentencias contra el Estado peruano por impunidad en crímenes de lesa humanidad.
La segunda vuelta no es solo una elección: es un termómetro de la resistencia institucional. Refleja la tensión entre la necesidad de gobernabilidad y el rechazo a la impunidad. Muestra cómo la economía, la memoria histórica y el marco legal se entrelazan en una democracia en estado de alerta permanente. El voto del domingo no elegirá solo un presidente. Validará o cuestionará el sistema mismo.
