Las aulas de Alicante superaron los 34 grados esta semana, provocando lipotimas, mareos y suspensiones de clase. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece un límite de 27 grados para espacios docentes, pero muchos centros exceden esa cifra en más de siete unidades. Familias retiraron a sus hijos antes de hora y docentes activaron redes de monitoreo con higrómetros y ventiladores. La situación no es puntual: es estructural, económica y legalmente insostenible.
¿Qué dice la normativa sobre temperatura en las aulas?
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la Orden de 25 de julio de 1997 fijan como límite óptimo 27 °C para espacios de trabajo con actividad física ligera —como la docencia— y 25 °C como valor máximo recomendado en verano. En la práctica, muchas aulas de Alicante superan los 34 °C, lo que implica una violación manifiesta de los derechos laborales y de protección de la salud.
El vacío legal en centros educativos públicos
No existe una norma específica que obligue a instalar climatización en colegios e institutos. La responsabilidad recae en las Consejerías de Educación y los ayuntamientos, pero sin sanciones por incumplimiento. Esto genera una brecha entre lo exigido por la Inspección de Trabajo y lo aplicado en la realidad.
¿Qué consecuencias tiene el calor extremo en el rendimiento escolar?
El calor afecta la concentración, la memoria de trabajo y la capacidad de atención. Estudios de la Universidad de Valencia confirman que por cada grado por encima de 27 °C, el rendimiento cognitivo en estudiantes de primaria cae un 2,3 %. En docentes, el riesgo de fatiga térmica y errores pedagógicos aumenta un 40 % cuando se superan los 30 °C.
El impacto económico del sobrecalentamiento escolar
Las suspensiones de clase generan costes ocultos: pérdida de horas lectivas, necesidad de recuperación curricular y aumento de la rotación docente. Un informe de la Federación de Enseñanza de CCOO estima que cada grado por encima del umbral legal reduce la productividad educativa en un 1,8 % anual, equivalente a 2,4 millones de euros en costes operativos para la Comunidad Valenciana.
¿Qué medidas reales se están tomando en Alicante?
Centros como el CEIP Gloria Fuertes o el colegio Oscar Esplá han activado iniciativas ciudadanas: mapas de temperatura, uso de higrómetros, ventilación cruzada y horarios adaptados. Pero son soluciones paliativas. Los toldos y ventiladores financiados por AMPAS no sustituyen la climatización centralizada, que sigue ausente en más del 78 % de los centros públicos de la provincia.
La inversión pendiente: ¿cuánto cuesta una solución real?
Instalar sistemas de aire acondicionado eficiente en un centro de primaria cuesta entre 120.000 y 180.000 euros, según la Conselleria de Educación. Sin embargo, el presupuesto 2026 para mejora de infraestructuras escolares en Alicante es de solo 9,2 millones, insuficiente para cubrir ni el 10 % de las necesidades detectadas.
¿Qué datos clave debes conocer sobre el calor en las aulas?
- Las aulas de Alicante superaron los 34 °C, 7 grados por encima del límite legal (27 °C)
- Se registraron lipotimas, mareos docentes y suspensiones de clase esta semana
- Más del 78 % de los centros públicos carece de climatización centralizada
- Las AMPAS financian toldos y ventiladores, pero no resuelven el problema estructural
- El mapa de temperaturas escolares es una iniciativa docente sin respaldo institucional
La situación en Alicante no es un caso aislado. Es un síntoma de la desinversión en infraestructura educativa, la falta de actualización normativa y la vulnerabilidad climática de los espacios escolares. Sin una actualización urgente del Real Decreto 486/1997, que regula las condiciones de los lugares de trabajo, y sin fondos específicos para adaptación térmica, las aulas seguirán siendo saunas institucionales cada verano.
