Abelardo de la Espriella, conocido como ‘El Tigre’, lidera una ola conservadora sin precedentes en Colombia. Su discurso de mano dura, su rechazo al modelo petrista y su apoyo a reformas fiscales radicales lo posicionan como el principal desafío al oficialismo en las elecciones presidenciales de 2026. Su ascenso refleja una fractura profunda en el sistema político colombiano.
¿Qué impulsa el auge de ‘El Tigre’ en las encuestas?
El auge de De la Espriella no es casual. Surge del desgaste del Gobierno del Cambio en dos frentes críticos: el colapso del sistema de salud y la escalada de violencia armada en zonas rurales y perurbanas. Mientras el Gobierno priorizó reformas sociales, dejó sin respuestas estructurales a la inseguridad y a la crisis hospitalaria. Esa brecha la ha llenado ‘El Tigre’ con propuestas de rearme civil, reinstauración de la pena de muerte para narcotraficantes y desmonte de mecanismos de justicia transicional.
El perfil del candidato sin currículum político
De la Espriella es abogado, millonario y fundador de la organización Defensores de la Patria. No ha ocupado cargo público. Su influencia proviene de redes sociales, alianzas con medios conservadores y una estrategia de comunicación basada en el populismo punitivo. Su discurso evita matices: identifica al enemigo (corrupción, narcotráfico, izquierda radical) y promete soluciones inmediatas.
¿Cómo afecta ‘El Tigre’ al equilibrio económico nacional?
Su plataforma económica prioriza la estabilidad fiscal sobre el gasto social. Propone congelar aumentos salariales en el sector público, reducir subsidios a programas sociales y privatizar activos estratégicos del Estado. Estas medidas generan respaldo de sectores empresariales pero generan alertas entre economistas por su potencial impacto en la pobreza multidimensional, que ya afecta al 39,3% de la población (DANE, 2025). Su modelo choca con el enfoque redistributivo del Gobierno actual, acelerando la polarización fiscal.
El rol de los medios y la financiación electoral
De la Espriella ha recibido apoyo financiero no declarado de conglomerados industriales y bancarios. La Contraloría General investiga tres cuentas offshore vinculadas a su campaña. Esto pone en tensión la Ley 1475 de 2011, que regula el financiamiento electoral y exige transparencia absoluta. Su ascenso revela grietas en la fiscalización y la debilidad de los controles sobre el dinero oscuro en política.
¿Qué dice la Constitución colombiana sobre su propuesta de pena de muerte?
La Constitución Política de Colombia de 1991 prohíbe expresamente la pena de muerte en su Artículo 11. Cualquier intento de su restablecimiento requeriría una reforma constitucional con aval de dos tercios del Congreso y referendo popular. ‘El Tigre’ evita hablar de reforma formal, pero su retórica normaliza su aplicación extrajudicial. Esto tensiona el Estado Social de Derecho, principio fundacional del ordenamiento colombiano.
La reacción de los partidos tradicionales
El Centro Democrático, histórica fuerza de la derecha, ha perdido terreno ante De la Espriella. Su candidata Paloma Valencia obtiene entre el 13% y el 22% de intención de voto, muy por debajo del 21–31% del ultraderechista. Esto evidencia una mutación ideológica: el uribismo clásico cede espacio a un discurso más agresivo, menos institucional y más centrado en la soberanía cultural y la seguridad como valor supremo.
¿Qué implica su liderazgo para la gobernabilidad postelectoral?
Un triunfo de ‘El Tigre’ implicaría una ruptura institucional profunda. Su rechazo al Acuerdo de Paz de La Habana, su crítica al Consejo Nacional de Paz y su desconfianza en la Corte Constitucional anticipan una confrontación con los poderes públicos. Su modelo de gobernanza prioriza el ejecutivo fuerte, debilitando contrapesos democráticos esenciales.
Datos Clave
- Intención de voto: 21–31% según encuestas de mayo de 2026 (Gallup Colombia, Invamer)
- Edad y perfil: 47 años, abogado, sin experiencia en cargos públicos
- Propuesta central: Mano dura contra narcotráfico, corrupción y protesta social
- Marco legal en conflicto: Artículo 11 de la Constitución (prohibición de pena de muerte) y Ley 1475 de 2011 (financiación electoral)
- Impacto económico: Propone recortes al gasto social y privatizaciones, con riesgo de aumento de la pobreza multidimensional
La figura de ‘El Tigre’ no es solo un fenómeno electoral. Es un síntoma de la crisis de representación, la debilidad de los partidos tradicionales y la erosión de los consensos democráticos construidos tras el conflicto armado. Su ascenso redefine los límites del discurso político en Colombia y pone a prueba la resiliencia de sus instituciones.
