La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha certificado graves irregularidades en los contratos de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense. Se identificaron seis pagos por un total de 90.992 euros, vinculados al software de la cátedra. El órgano fiscalizador concluyó que se prescindió totalmente del procedimiento administrativo establecido. Estos hallazgos alimentan la investigación judicial del juez Juan Carlos Peinado.
¿Qué encontró la Cámara de Cuentas en los contratos de la cátedra TSC?
La fiscalización detectó múltiples incumplimientos formales y sustanciales. El más grave fue la ausencia de procedimiento de contratación pública en los servicios prestados por Making Science. No se publicó licitación. No hubo comparación de ofertas. No se justificó la adjudicación directa.
El pago de 24.200 euros a Making Science
La UCM abonó 24.200 euros a la sociedad Making Science por trabajos de software. La Intervención universitaria reconoció que el contrato carecía de base legal. Aun así, autorizó el pago para evitar un enriquecimiento injusto de la administración. Este argumento no exime de la responsabilidad por la falta de transparencia.
¿Por qué la Asamblea de Madrid pidió esta fiscalización?
La solicitud partió del PP, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso impulsó la revisión como parte de su estrategia de control político. El objetivo era verificar el uso de fondos públicos en una cátedra vinculada directamente al jefe del Gobierno. La iniciativa no es meramente política: activa mecanismos de rendición de cuentas previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
El marco legal de las cátedras universitarias
Las cátedras institucionales deben regirse por el Real Decreto 84/2019, que exige transparencia, concurrencia y control de gastos. La cátedra TSC no cumplió con los requisitos de publicidad previa, evaluación objetiva de ofertas ni informe de intervención previo. Estas omisiones generan responsabilidad patrimonial para la universidad.
¿Cuál es el impacto económico real de estos hallazgos?
Los 90.992 euros no son una cifra aislada. Representan el 37 % del presupuesto total ejecutado por la cátedra entre 2022 y 2024. Además, la UCM reclama daños y perjuicios por la presunta apropiación indebida de la plataforma digital. El coste potencial incluye devolución de fondos, multas administrativas y costes judiciales. El riesgo reputacional para la universidad afecta su capacidad de captación de fondos europeos y privados.
La tridimensionalidad del caso
- Contexto actual: La fiscalización se produce en plena tensión institucional entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Es un caso paradigmático de uso político de los órganos de control.
- Impacto económico: Los pagos irregulares comprometen la integridad del gasto público universitario y afectan la confianza de los contribuyentes.
- Marco práctico: La UCM carece de un protocolo interno para supervisar cátedras institucionales. No existe un sistema de alerta temprana ante desviaciones contractuales.
¿Qué implica la falta de procedimiento administrativo en una cátedra pública?
La ausencia de procedimiento no es un mero error burocrático. Es una vulneración del principio de legalidad y del principio de transparencia. Genera nulidad de pleno derecho de los contratos. Obliga a la devolución de fondos. Puede derivar en responsabilidad penal si se acredita dolo o negligencia grave.
Datos Clave
- Se identificaron seis pagos irregulares por un total de 90.992 euros.
- El mayor pago fue de 24.200 euros a Making Science por desarrollo de software.
- La UCM reconoció que se prescindió totalmente del procedimiento administrativo.
- La Cámara de Cuentas actuó tras una solicitud formal de la Asamblea de Madrid.
- La cátedra TSC carece de un informe de evaluación independiente desde su creación.
- El juez Peinado investiga por apropiación indebida y prevaricación.
