El Ayuntamiento de Alicante ha prorrogado automáticamente el contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales por un año más, pese a la oposición formal de STV Gestión. La prórroga entra en vigor el 15 de mayo de 2026 y supone un desembolso de 10,3 millones de euros (IVA incluido). La decisión genera tensiones entre estabilidad del servicio público y viabilidad económica para las empresas contratistas.
¿Por qué se prorrogó el contrato pese al rechazo de la empresa?
El gobierno local, liderado por Luis Barcala, activó la cláusula de prórroga prevista en el pliego original de 2022. STV Gestión, adjudicataria desde mayo de 2022, presentó alegaciones el 16 de marzo de 2026. Argumentó que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2023 elevaron sus costes operativos de forma imprevista y desproporcionada.
El Ayuntamiento desestimó esas alegaciones. Un informe de la concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento calificó la prórroga como indispensable para evitar interrupciones en servicios esenciales. La administración priorizó la continuidad del servicio sobre la renegociación contractual.
¿Qué dice la Ley de Contratos del Sector Público?
La prórroga se ampara en el artículo 105.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Permite ampliar contratos por un año máximo si está prevista en el pliego y si su activación responde a razones de interés general. No requiere nueva licitación. Sin embargo, la ley exige que la prórroga no altere sustancialmente el equilibrio económico-financiero del contrato.
STV Gestión alegó precisamente que ese equilibrio se rompió. Pero el Ayuntamiento consideró que las variaciones salariales no configuran una alteración sustancial, sino un riesgo asumible por la empresa.
¿Cuál es el impacto económico real de esta prórroga?
El contrato prorrogado representa 10,3 millones de euros. De ellos, 5,5 millones corresponden a la limpieza de colegios, y 4,8 millones a dependencias municipales. Es el 26 % del valor total del contrato original (39 millones por cuatro años).
Este gasto se ejecuta con fondos públicos locales. No hay transferencias adicionales del Gobierno central ni fondos europeos vinculados. La prórroga evita procesos de licitación, pero también impide revisar precios, calidad o innovación en el servicio.
¿Cómo afecta a los trabajadores y a la calidad del servicio?
STV Gestión emplea a más de 400 personas en Alicante. Las subidas del SMI obligaron a reajustar salarios, pero el contrato no incluye cláusulas de revisión automática de precios. Eso presiona los márgenes y puede derivar en recortes de plantilla, reducción de horas o menor inversión en material.
La administración no ha publicado indicadores de calidad post-prórroga. No hay datos públicos sobre incidencias, inspecciones o quejas escolares en los últimos 12 meses.
¿Qué marco legal regula la oposición de una empresa a una prórroga?
La empresa puede impugnar la prórroga ante los tribunales administrativos. Pero debe hacerlo en plazo: 2 meses desde la notificación oficial. STV Gestión aún no ha anunciado recurso alguno.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que la prórroga no sea “automática por inercia”, sino que se justifique con informes técnicos y motivos de interés general. El informe de Infraestructuras y Mantenimiento cumple ese requisito formal. Pero su sustancia sigue siendo debatible.
¿Qué alternativas existían para el Ayuntamiento?
- Lanzar una nueva licitación con cláusulas de revisión salarial vinculada al SMI.
- Negociar una modificación del contrato con ajuste de precios y plazos.
- Activar un procedimiento de emergencia para servicios esenciales, con plazos acortados y condiciones especiales.
Ninguna de estas opciones fue considerada públicamente.
Datos Clave
- El contrato original fue adjudicado en abril de 2022 por 39 millones (IVA incluido) y 4 años de duración.
- La prórroga dura del 15 de mayo de 2026 al 14 de mayo de 2027.
- STV Gestión presentó alegaciones el 16 de marzo de 2026 por incremento de los costes derivado del SMI.
- El Ayuntamiento desestimó las alegaciones con un informe técnico de Infraestructuras y Mantenimiento.
- La prórroga se ampara en el artículo 105.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
La decisión refleja una tensión creciente entre la rigidez de los pliegos y la volatilidad de los costes laborales. En un contexto de inflación persistente y reformas laborales aceleradas, los contratos públicos deben incorporar mecanismos de adaptación realista. Sin ellos, las prórrogas se convierten en fuentes de litigio, no en garantías de servicio.
