A siete días de las elecciones andaluzas 2026, el escenario político se ha vuelto extremadamente frágil. El PP andaluz liderado por Juanma Moreno se sitúa a un solo escaño de la mayoría absoluta (55 diputados), con estimaciones entre 54 y 56 escaños. Esa mínima brecha define la gobernabilidad de la próxima legislatura. La encuesta de GAD3 —realizada entre el 30 de abril y el 7 de mayo con 1.142 entrevistas— revela una caída del 1,4 % en intención de voto respecto a abril. El PSOE-A, por su parte, se hunde hasta el 21,7 %, su peor dato desde 2015.
¿Qué implica estar a un escaño de la mayoría absoluta?
Estar a un escaño de la mayoría absoluta no es solo una cuestión aritmética. Es un factor de presión institucional, negociación y riesgo de parálisis. El PP no podría investir a su candidato sin apoyos externos. Ni Vox ni Ciudadanos han descartado acuerdos tácticos, pero tampoco los han confirmado. La incertidumbre se agrava porque el sistema electoral andaluz aplica una corrección proporcional que favorece a los partidos con mayor dispersión territorial. Eso explica por qué el PP mantiene seis escaños en Huelva y Jaén, pero pierde uno en Sevilla y Málaga.
El efecto provincial define el equilibrio de poder
Córdoba y Granada son los epicentros del ajuste final. En Córdoba, el PP podría perder uno de sus siete diputados actuales. En Granada, en cambio, podría ganar un séptimo escaño. Este vaivén provincial es clave: cada escaño allí representa entre 35.000 y 42.000 votos efectivos. La densidad electoral en las capitales —donde el voto se fragmenta más— explica la erosión del PP en Cádiz, Málaga y Sevilla.
¿Por qué se desploma el PSOE-A en Andalucía?
El PSOE-A no solo pierde votos. Pierde coherencia territorial y narrativa. Su intención de voto cae 4,2 puntos respecto a 2022. La líder María Jesús Montero no logra consolidar una alternativa clara al modelo de gobierno de Moreno. Además, el partido carece de una propuesta económica diferenciada para la transición energética andaluza, sector clave en provincias como Almería y Cádiz. Su discurso se percibe como genérico frente a las promesas concretas del PP sobre empleo agrícola y formación dual.
La fractura del voto progresista
El voto progresista se ha dispersado entre el PSOE-A, Adelante Andalucía y Sumar. Ninguno de estos tres bloques supera el 6 % en las encuestas regionales. Esa fragmentación impide una alternativa viable. Además, el PSOE-A no ha logrado capitalizar el descontento con la gestión educativa ni con los retrasos en la ejecución de fondos europeos NextGenerationEU.
¿Qué papel juega la economía real en esta campaña?
La economía andaluza creció un 2,8 % en 2025, por encima de la media nacional. Pero el desempleo juvenil sigue en el 38,6 %, y el salario medio es un 22 % inferior al nacional. El PP ha centrado su discurso en la creación de 120.000 empleos cualificados hasta 2030. El PSOE-A ha respondido con propuestas de bonificaciones fiscales para pymes, pero sin cifras de impacto presupuestario. La ausencia de un análisis macroeconómico regional riguroso debilita su credibilidad.
El marco legal de la investidura
La Ley Electoral de Andalucía exige una mayoría simple en la primera votación para la investidura. En la segunda, basta con la mayoría relativa. Pero el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía establece que el presidente debe gozar de “confianza parlamentaria estable”. Eso impide acuerdos meramente tácticos sin respaldo programático. Cualquier coalición debe formalizarse mediante un acuerdo de gobierno registrado ante el Parlamento.
Datos Clave
- El PP está entre 54 y 56 escaños: mayoría absoluta = 55.
- El PSOE-A cae al 21,7 %: su peor dato desde 2015.
- Córdoba y Granada son las provincias con mayor volatilidad electoral.
- El desempleo juvenil en Andalucía es del 38,6 %, frente al 24,1 % nacional.
- La Ley Electoral andaluza exige un acuerdo de gobierno formal para coaliciones estables.
¿Qué pasa si nadie alcanza la mayoría absoluta?
Si el PP obtiene 54 escaños, necesitará al menos 2 apoyos adicionales. Vox tiene 12 diputados actuales, pero su programa choca con el de Ciudadanos en temas como la reforma educativa y la descentralización. Un gobierno en minoría del PP sería inviable sin respaldo legislativo para presupuestos y leyes orgánicas. La alternativa más probable sería una coalición restrictiva: PP + Vox en temas de seguridad y fiscalidad, con abstención de Ciudadanos en otras materias. Esa fórmula ya se ha probado en otras comunidades, pero carece de respaldo explícito en los programas electorales actuales.
