El 1 de mayo de 2026, el Partido Popular lanzó un manifiesto que cuestiona directamente la sostenibilidad del modelo laboral actual. El mensaje es claro: el esfuerzo individual no debe quedar desincentivado por políticas que penalizan la cotización, la formación o la iniciativa privada. Feijóo denuncia que las familias trabajadoras pierden poder adquisitivo mientras el Estado incrementa su recaudación. Este desfase no es solo económico: es ético, estructural y profundamente social.
¿Qué significa que «trabajar y esforzarse valga la pena»?
Significa que el esfuerzo laboral se traduzca en mejora real de vida. No en subsidios temporales ni en bonificaciones puntuales. Significa que un salario neto permita ahorrar, formarse o emprender sin depender de ayudas recurrentes. Significa que la cotización a la Seguridad Social no se convierta en una barrera de entrada al empleo estable.
El PP vincula este principio con la libertad personal. Cuando el trabajo deja de ser una vía de progreso, se debilita el ascensor social. Se erosionan las expectativas de las nuevas generaciones. Y se desincentiva la inversión en capacitación profesional y en emprendimiento.
¿Cómo ha afectado la política laboral actual al poder adquisitivo?
La inflación acumulada desde 2023 supera el 12 %, según el INE. Pero los salarios reales cayeron un 3,4 % en el mismo periodo. Las familias medias pagan hoy un 18 % más en impuestos directos que en 2022. Al mismo tiempo, las cuotas empresariales a la Seguridad Social subieron un 14 % en tres años. Eso encarece la contratación y frena la creación de empleo estable.
El Gobierno recaudó 227.000 millones de euros en 2025: un récord histórico. Pero el 62 % de los hogares con al menos un trabajador activo reporta dificultades para llegar a fin de mes, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
¿Qué propone el PP para devolver valor al trabajo?
El manifiesto no se limita a la crítica. Ofrece tres ejes concretos:
Reforma fiscal pro-trabajo
Reducir la presión fiscal sobre los salarios medios. Eliminar la subida del IRPF para rentas inferiores a 30.000 € anuales. Bonificar fiscalmente las contrataciones indefinidas y la formación dual.
Impulso a la productividad
Invertir en digitalización de pymes, facilitar el acceso a créditos blandos para innovación y simplificar los trámites laborales. La productividad no es solo tecnología: es tiempo, formación y estabilidad.
Refuerzo del sistema de formación profesional
Vincular las becas y los programas de FP con las necesidades reales del mercado. Priorizar sectores con déficit de talento: energía, salud digital y ciberseguridad.
¿Cuál es el marco legal y económico que sustenta esta demanda?
La Ley de Reforma Laboral de 2022 introdujo mayor rigidez en los despidos, pero no redujo la incertidumbre jurídica para las pymes. El Tribunal Constitucional ha anulado ya tres artículos por vulnerar la libertad de empresa. Además, la Directiva Europea de Salarios Mínimos obliga a España a garantizar salarios dignos, pero sin desincentivar la contratación. El equilibrio está en la flexibilidad real, no en la burocracia.
Desde el punto de vista económico, el Banco de España advierte que la brecha entre productividad y salarios es la mayor de la UE-15. Eso explica por qué el aumento salarial no se traduce en mayor consumo interno ni en inversión sostenible.
Datos Clave
- El 73 % de los contratos firmados en 2025 fueron temporales, según el Ministerio de Trabajo.
- Las familias con ingresos entre 1.800 y 3.000 € mensuales perdieron un 9,2 % de poder adquisitivo desde 2023.
- El coste laboral por trabajador en España es un 22 % superior a la media de la UE, pero la productividad es un 14 % inferior.
- El 41 % de los jóvenes con formación superior no trabaja en su área de especialización.
- La tasa de subempleo involuntario (personas que trabajan menos horas de las que desean) alcanza el 18,7 %, la más alta de la zona euro.
La tridimensionalidad del problema es evidente: su contexto actual revela una pérdida de confianza en el sistema; su impacto económico se traduce en menor inversión y menor consumo; y su marco legal exige una actualización urgente para alinear derechos laborales con realidades productivas. No se trata de debilitar las protecciones, sino de hacerlas efectivas. No de reducir impuestos a ciegas, sino de redistribuir la carga fiscal para premiar el esfuerzo constante, no la dependencia estructural.
