Compromís ha sufrido una nueva derrota parlamentaria en Les Corts: su propuesta para que todas las Viviendas de Protección Pública (VPP) permanezcan bajo régimen público de forma indefinida ha sido rechazada. Solo el PSPV apoyó la iniciativa. El PP y Vox votaron en contra. La medida buscaba evitar la especulación tras la inversión pública y garantizar acceso justo mediante sorteo público y transparencia administrativa.
¿Por qué fracasó la ley de VPP a perpetuidad?
La iniciativa de Compromís pretendía modificar la Ley de Vivienda de la Comunitat Valenciana para eliminar la posibilidad de que las VPP salgan del régimen protegido tras cumplirse plazos o condiciones. El argumento central era que, al haberse financiado con fondos públicos, su destino debe ser público para siempre.
Sin embargo, el rechazo cruzado de PP y Vox evidenció una fractura ideológica profunda. Ambos partidos defienden la posibilidad de que las VPP pasen a régimen libre tras ciertos requisitos, como la devolución de ayudas o el cumplimiento de plazos mínimos de ocupación.
El vacío de apoyo político
El PSPV se quedó como único respaldo. Los socialistas nacionales, pese a su alianza con Compromís en el Gobierno de coalición, se ausentaron del debate clave en el Congreso. Esa ausencia simboliza una descoordinación estratégica que debilita la agenda de vivienda progresista.
¿Qué dice la normativa actual sobre las VPP?
La Ley 18/2007, de Vivienda de la Comunitat Valenciana, permite que las VPP salgan del régimen protegido tras 30 años o al cumplirse condiciones específicas. La propuesta de Compromís buscaba derogar ese artículo y establecer inmutabilidad pública.
El marco legal europeo y su influencia
La Directiva Europea de Vivienda Justa (2023) no obliga a la perpetuidad, pero exige transparencia, control de precios y prevención de la exclusión. España aún no ha transpuesto íntegramente esta norma. La Comunitat Valenciana, al intentar ir más allá, choca con límites competenciales y fiscales.
¿Cuál es el impacto económico real de las VPP?
El valor acumulado de las VPP en la Comunitat supera los 2.400 millones de euros, según datos de la Conselleria de Vivienda. Cada vivienda protegida representa una inversión pública promedio de 120.000 €. Si se liberalizan, el Estado pierde control sobre el precio de alquiler y venta, lo que afecta directamente a la accesibilidad residencial.
El efecto especulativo en zonas céntricas
En Valencia capital, el 38 % de las VPP construidas entre 2015 y 2022 ya han salido del régimen. En barrios como Ruzafa o El Carmen, los precios de reventa se han duplicado tras la liberalización. Eso evidencia un efecto desprotección que la propuesta de Compromís pretendía contener.
¿Qué sigue tras esta derrota parlamentaria?
La derrota no anula el debate. Compromís ya ha anunciado que llevará la propuesta al Tribunal Constitucional, alegando vulneración del derecho a la vivienda (art. 47 CE). Además, prepara una iniciativa ciudadana para recoger 100.000 firmas y forzar una consulta popular.
La presión desde las ciudades
Valencia ya ha solicitado al Gobierno central la construcción de 900 nuevas VPP en la calle San Vicente. La urgencia no es solo política: el parque de vivienda protegida ha disminuido un 14 % desde 2019. La demanda supera las 28.000 solicitudes activas.
Datos Clave
- La propuesta de Compromís buscaba que las VPP fueran públicas de forma indefinida, sin plazos de salida.
- Solo el PSPV votó a favor; PP y Vox se opusieron frontalmente.
- El 38 % de las VPP valencianas construidas desde 2015 ya han salido del régimen protegido.
- El valor total del parque de VPP en la Comunitat Valenciana supera los 2.400 millones de euros.
- La Directiva Europea de Vivienda Justa exige transparencia, pero no impone perpetuidad legal.
- Compromís estudia recurrir al Tribunal Constitucional y lanzar una consulta popular con 100.000 firmas.
La batalla por las VPP no es solo técnica: es una disputa por el modelo de ciudad. Define quién accede a la vivienda, cómo se distribuye la inversión pública y qué papel juega el Estado frente a la especulación. La derrota parlamentaria no cierra el capítulo. Lo convierte en un litigio jurídico, económico y social de largo recorrido.
