Amanda Ungaro, exmodelo brasileña y ex pareja de Paolo Zampolli, figura clave en el entorno de Donald Trump, ha vuelto al foco tras su deportación de EE.UU. Su historia entrelaza tráfico sexual, diplomacia informal, custodia internacional y redes de influencia. Ella afirma haber viajado a los 17 años en un avión de Jeffrey Epstein con decenas de menores. Ahora, su amenaza pública —“Iré hasta el final; no tengo miedo”— no es solo personal: es un síntoma de fallas sistémicas en justicia migratoria, protección de testigos y responsabilidad de actores poderosos.
¿Qué revela el vuelo de Epstein con Amanda Ungaro en 2002?
En 2002, Ungaro tenía 17 años cuando subió a un avión privado de Jeffrey Epstein desde París a Nueva York. Ella afirma que había unas 30 chicas, muchas menores de edad, y que Ghislaine Maxwell estaba presente. Este detalle no es anecdótico: es un nexo verificable con el caso judicial federal United States v. Ghislaine Maxwell, donde se documentó el patrón de reclutamiento de menores en vuelos similares.
El rol de los testigos adolescentes
Los testimonios de menores en casos de abuso sexual sistémico suelen ser desestimados por falta de corroboración inmediata. Ungaro no denunció entonces, pero su relato actual adquiere peso en el marco de sentencias recientes y acuerdos de compensación del fondo de víctimas de Epstein.
¿Cómo afecta la deportación de Ungaro al caso de custodia internacional?
Ungaro fue deportada de Estados Unidos en 2025 tras una decisión judicial migratoria vinculada a su estatus de visa. Su hijo, nacido de su relación con Paolo Zampolli, reside en EE.UU. bajo custodia temporal otorgada a Zampolli. La deportación no fue por delito penal, sino por vencimiento de autorización y presuntas irregularidades en su solicitud de asilo.
La paradoja jurídica
Zampolli ostenta cargos oficiales: Representante Especial de EE.UU. para Alianzas Globales. Esa posición le otorga inmunidad funcional limitada, pero no exime de responsabilidad en procesos civiles de familia. Sin embargo, el sistema migratorio no considera la custodia como factor determinante para evitar la deportación.
¿Qué papel juega Paolo Zampolli en el entorno de Trump y su influencia en este caso?
Zampolli no es un mero empresario. Se autoproclama artífice del encuentro entre Donald Trump y Melania Knauss en 1998. Ha sido asesor no remunerado de la campaña de 2016 y figura recurrente en eventos de Mar-a-Lago. Su rol actual como Representante Especial le da acceso directo a diplomáticos, fiscales federales y funcionarios del Departamento de Estado.
El conflicto de intereses estructural
No existe una ley federal que prohíba a funcionarios públicos intervenir en procesos judiciales privados de sus allegados. Pero sí hay normas éticas del Código de Conducta para Funcionarios Federales que exigen evitar apariencias de influencia indebida. Su participación en la disputa por la custodia activa ese riesgo.
¿Qué implica económicamente el silencio de los testigos como Ungaro?
El caso Ungaro no es solo legal: es financiero. Las demandas contra el fondo de víctimas de Epstein han distribuido más de 128 millones de dólares hasta 2025. Pero los acuerdos requieren confidencialidad. Ungaro, al amenazar con hablar públicamente, rompe ese equilibrio. Su potencial testimonio podría reabrir investigaciones civiles contra terceros —incluidos socios de Epstein— con activos en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas o Suiza.
Datos Clave
- Ungaro viajó en un avión de Jeffrey Epstein en 2002, a los 17 años, con al menos otras 29 jóvenes.
- Paolo Zampolli es Representante Especial de EE.UU. para Alianzas Globales y figura clave en el círculo de Trump.
- La deportación de Ungaro se produjo sin audiencia de custodia previa, pese a ser madre de un menor bajo jurisdicción estadounidense.
- Su mensaje en X (“Iré hasta el final; no tengo miedo”) fue borrado, pero capturado por medios y archivado como evidencia digital.
- No existe registro público de que Ungaro haya recibido compensación del fondo de víctimas de Epstein.
La historia de Amanda Ungaro trasciende lo biográfico. Es un espejo de cómo el estatus migratorio, la custodia transnacional, y el acceso al poder político operan en capas superpuestas. Su caso expone grietas en la protección de testigos vulnerables, en la transparencia de los nombramientos diplomáticos y en la capacidad del sistema judicial para separar lo privado de lo público cuando los actores son influyentes. En un momento en que EE.UU. renegocia acuerdos de extradición y refuerza controles migratorios, su voz —aunque silenciada por la deportación— sigue resonando como advertencia.
