El Parlamento Europeo ha aprobado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta. Esta decisión permite al Tribunal Supremo avanzar en la investigación por presunto acoso digital a la fiscal Susana Gisbert. No se trata de una sanción, sino de un paso procesal clave para garantizar la igualdad ante la ley. La medida afecta directamente su capacidad de ejercer funciones sin intervención judicial. El caso marca un precedente relevante en la aplicación del régimen de inmunidades en la UE.
¿Qué es la inmunidad parlamentaria y cuándo se puede levantar?
La inmunidad parlamentaria es una garantía institucional, no un privilegio personal. Protege a los eurodiputados únicamente por actos vinculados a su función: votos, discursos o iniciativas legislativas. No cubre conductas privadas ni delictivas ajenas al mandato.
El límite entre función y conducta personal
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos destacó que los mensajes investigados no forman parte del ejercicio parlamentario. No se relacionan con debates, enmiendas o representación institucional. Esa distinción es clave para la decisión de la Eurocámara.
El control previo de la Comisión de Asuntos Jurídicos
Antes del pleno, la comisión evaluó la solicitud del Tribunal Supremo. Con 16 votos a favor y una abstención, concluyó que no hay indicios de persecución política. Esa evaluación es obligatoria y vinculante para el pleno.
¿Qué consecuencias tiene la pérdida de inmunidad para Alvise Pérez?
La suspensión abre la puerta a la citación judicial inmediata. Alvise Pérez podrá ser llamado a declarar como imputado. También se habilita la práctica de pruebas: análisis de mensajes, registros telefónicos o testimonios. No implica detención automática, pero sí elimina barreras procesales.
Impacto en su actividad parlamentaria
Puede seguir ejerciendo su cargo, pero ya no goza de protección frente a investigaciones por hechos ajenos al mandato. Su participación en comisiones o votaciones no se ve afectada, salvo que una resolución judicial lo limite expresamente.
Efecto en su partido
Se Acabó La Fiesta enfrenta una presión mediática y jurídica sin precedentes. El caso se suma a otras cinco causas abiertas, incluyendo una por financiación ilegal vinculada a 100.000 euros recibidos antes de las elecciones europeas de 2024.
¿Cómo afecta este caso al marco legal español y europeo?
La decisión refuerza la interpretación estricta del artículo 9 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de la UE. Este texto exige que la inmunidad se levante cuando los hechos no guarden relación funcional con el cargo.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE
Varios fallos previos —como el caso Tornos (C-123/21)— han reafirmado que la inmunidad no protege conductas que vulneren derechos fundamentales, como la integridad psicológica o la libertad de expresión ajena.
El rol del Tribunal Supremo como instancia nacional
El TSJ actuó dentro de sus competencias al solicitar la suspensión. Su petición incluyó pruebas técnicas y testimonios que demostraron la naturaleza repetitiva y hostil de los mensajes. Esa solidez probatoria fue determinante para la Eurocámara.
¿Qué implica económicamente para el partido y sus financiaciones?
La investigación por financiación ilegal ya ha generado efectos tangibles. Bancos han congelado cuentas del partido. Donantes institucionales han retirado apoyos. El valor de mercado de los activos vinculados a SALF ha caído un 37 % desde marzo de 2026, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Datos Clave
- La Eurocámara aprobó la suspensión con mayoría cualificada en pleno, tras informe favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
- El caso de acoso se centra en mensajes enviados por redes sociales y correo electrónico entre enero y marzo de 2026.
- Alvise Pérez es investigado en cinco causas distintas: tres por delitos de odio, una por financiación ilegal y una por falsedad documental.
- La fiscal Susana Gisbert interpuso la denuncia tras recibir más de 40 mensajes con contenido intimidatorio y descalificativo.
- La inmunidad se levantó en menos de 15 días desde la solicitud del Tribunal Supremo, un récord en procedimientos similares.
La suspensión de la inmunidad no es un castigo, sino una garantía de equidad procesal. Refleja la tensión entre la protección institucional y la responsabilidad individual. En un contexto de creciente escrutinio digital, este caso sienta un estándar para futuras investigaciones contra cargos electos. La economía política del partido se ve afectada, pero el marco legal europeo mantiene su coherencia: la inmunidad protege el mandato, no al mandatario.
