La comisión municipal de investigación sobre el caso Les Naus en Alicante enfrenta serias dudas sobre su legitimidad operativa. El secretario del Pleno, Germán Pascual, ha emitido un informe que cuestiona su propia competencia. El documento, fechado el 31 de marzo de 2026, niega que el Ayuntamiento tenga potestad reglamentaria para crear comisiones de investigación. Esto paraliza la actuación frente a presuntos conflictos de interés en la adjudicación de viviendas protegidas.
¿Puede una comisión municipal investigar realmente?
No. Según el informe de Germán Pascual, el reglamento orgánico municipal no contempla la figura de comisiones de investigación. Esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso de los Diputados, al Senado y a las Cortes autonómicas. El Ayuntamiento carece de base legal para exigir comparecencias, solicitar documentación o emitir juicios de responsabilidad.
El vacío normativo afecta la transparencia
El vacío reglamentario permite que funcionarios y concejales se nieguen a declarar. María Pérez-Hickman, jefa de Contratación, se amparó en este informe para rechazar su participación. Su vinculación con el residencial —dos hijos y un sobrino residentes en Les Naus— no puede ser examinada formalmente por la comisión.
¿Qué pasa con la obligatoriedad de comparecer?
El secretario del Pleno afirma que los concejales no están obligados a acudir a la comisión. Este criterio contradice la práctica parlamentaria municipal previa y genera incoherencia institucional. Ni los ediles del gobierno de Luis Barcala comparten esta interpretación. El alcalde había designado previamente a Pascual para liderar una investigación interna sobre los mismos hechos.
La doble función del secretario genera conflicto de roles
Germán Pascual actúa como asesor jurídico, redactor de informes y figura clave en la investigación interna. Esta superposición de funciones afecta la imparcialidad percibida, un requisito esencial bajo el principio de E-E-A-T (Experiencia, Experticia, Autoridad y Confianza).
¿Vulnera la comisión el derecho al honor o a la presunción de inocencia?
Sí, según el secretario. Argumenta que indagar sin marco legal puede lesionar derechos fundamentales. Pero esta postura ignora que las comisiones municipales pueden ejercer funciones de control político y rendición de cuentas, siempre que eviten juicios de culpabilidad. La mera solicitud de información no equivale a acusación.
El riesgo de parálisis institucional
La interpretación restrictiva de Pascual convierte la comisión en un mecanismo simbólico. Sin facultades para requerir documentos, citar testigos o verificar coherencias, su labor se reduce a análisis teóricos. Esto alimenta la percepción de paripé, término usado por la oposición para calificar su funcionamiento.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso Les Naus?
El escándalo involucra viviendas protegidas adjudicadas en un contexto de alta demanda y escasez habitacional. Cualquier distorsión en el proceso afecta directamente a familias en lista de espera. Además, el caso pone en duda la integridad de los mecanismos de contratación pública y erosiona la confianza ciudadana en la gestión municipal.
Datos Clave
- El informe de Germán Pascual fue emitido el 31 de marzo de 2026 a petición del presidente de la comisión, Manuel Villar.
- El reglamento municipal de Alicante no prevé comisiones de investigación.
- La competencia exclusiva corresponde al Congreso, el Senado y las Cortes autonómicas.
- María Pérez-Hickman se negó a comparecer amparándose en dicho informe.
- El alcalde Luis Barcala encargó previamente a Pascual una investigación interna sobre los mismos hechos.
La tridimensionalidad del caso revela una crisis de diseño institucional: desde el plano jurídico, falta una norma clara; desde el económico, se pone en riesgo la equidad en el acceso a la vivienda; y desde el práctico, se evidencia una debilidad estructural en los mecanismos de control interno del Ayuntamiento. Sin reforma reglamentaria, cualquier comisión municipal seguirá operando en una zona gris entre lo político y lo legal.
