La Ley de Amnistía en Venezuela dejó de aplicarse oficialmente el 24 de abril de 2026. Delcy Rodríguez, en su rol como presidenta encargada, anunció su término durante un acto de reforma judicial. El marco legal había beneficiado a 8.616 personas desde su aprobación el 19 de febrero. Ahora, los casos pendientes se derivarán al Programa Convivencia Democrática y Paz, que no otorga amnistía automática, sino evaluación individualizada.
¿Qué implica el fin de la Ley de Amnistía en Venezuela?
El cese formal de la norma marca un giro en la estrategia de transición política. No es una revocación retroactiva: los beneficios ya otorgados siguen vigentes. Pero ya no se aceptan nuevas solicitudes bajo ese marco legal. El Gobierno interino justifica la decisión como un paso hacia la normalización institucional. Sin embargo, su timing coincide con la consolidación del nuevo poder tras el desplazamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
El anuncio no resuelve la ambigüedad sobre quiénes quedaron fuera. Organizaciones como el Foro Penal cuestionan la cifra oficial de 8.616 beneficiados. Señalan que al menos 600 excarcelaciones ocurrieron antes de la ley y sin su cobertura formal. Eso enturbia la contabilidad real de justicia transicional.
¿Quiénes quedan fuera y qué opciones tienen ahora?
Las personas que no accedieron a la amnistía pueden acudir al Programa Convivencia Democrática y Paz. Este mecanismo no es automático ni universal. Requiere evaluación caso por caso ante comisiones técnicas. Su alcance jurídico es limitado: no elimina cargos ni sentencias, sino que puede recomendar medidas alternativas.
El vacío entre amnistía y justicia real
- El programa no sustituye el debido proceso ni garantiza la libertad inmediata.
- No cubre delitos considerados graves bajo el Código Penal venezolano.
- Carece de independencia judicial: depende directamente del Ministerio de Interior y del nuevo fiscal general, Larry Davoe.
¿Cuál es el impacto económico y social de esta decisión?
La amnistía tenía un fuerte componente de estabilidad macroeconómica. Estados Unidos y la Unión Europea condicionaron levantamientos de sanciones al avance de medidas de reconciliación. Su fin anticipado genera incertidumbre en los flujos de inversión y cooperación técnica. El Banco Central de Venezuela reportó una caída del 12 % en solicitudes de visas humanitarias desde marzo, vinculada a la percepción de menor apertura.
Además, más de 11.000 personas bajo medidas cautelares restrictivas enfrentan ahora mayor riesgo de reingreso al sistema penal. Eso presiona los recursos del sistema de justicia y afecta la productividad laboral de familias enteras.
¿Qué dice el marco legal internacional sobre este cierre?
La decisión choca con estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su informe de marzo de 2026, la CIDH exigió que cualquier cese de amnistías incluya garantías de no repetición y acceso a la verdad. Venezuela no ha presentado un plan público al respecto.
Datos Clave
- 8.616 personas oficialmente beneficiadas bajo la Ley de Amnistía.
- 473 presos políticos aún detenidos, según el Foro Penal (24 abr 2026).
- 309 de ellos carecen de sentencia definitiva.
- 43 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.
- Más de 11.000 personas bajo medidas cautelares restrictivas.
- 600 excarcelaciones ocurrieron antes de la entrada en vigor de la ley.
La tridimensionalidad del cierre es clara: políticamente, refuerza el control del nuevo Gobierno sobre la narrativa de transición; económicamente, frena la confianza de actores externos clave; y jurídicamente, deja vacíos que no son cubiertos por mecanismos alternativos con garantías reales de independencia o transparencia.
