Begoña Gómez presentó un informe pericial en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para defender su gestión en la Cátedra de Estudios sobre la Mujer de la UCM. El documento afirma que su labor fue sustancialmente altruista, no remunerada ni vinculada a ascenso profesional. La cátedra recibió 4,7 millones de euros en financiación privada entre 2019 y 2025. El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia, la ética y la regulación de las cátedras financiadas por empresas en universidades públicas.
¿Qué dice el informe pericial sobre la naturaleza de las cátedras privadas?
El perito, el catedrático Antonio Manuel López Hernández, concluye que la codirección de cátedras por personal externo es una práctica habitual en la formación permanente. Analizó 209 cursos y encontró que el 88 % de los másteres de este tipo incluyen figuras externas en su dirección.
El informe rechaza la idea de que estas cátedras sirvan como plataforma de promoción personal. Usa comparaciones con la cátedra Inditex en la Universidad de A Coruña o las cátedras de la ONCE en la UCM. Ninguna de ellas, señala, fue creada para beneficiar profesionalmente a los presidentes de esas entidades.
La remuneración es simbólica y excepcional
La mayoría de los directores de cátedras privadas no reciben salario. Solo se abona una cantidad compensatoria muy reducida, destinada a cubrir tiempo y dedicación. Esto descarta, según el perito, una relación laboral formal o un beneficio económico significativo.
¿Cómo se regula la financiación privada en universidades públicas?
La Ley Orgánica 4/2007, de Universidades, permite la colaboración con entidades privadas siempre que no afecte a la independencia académica. El Real Decreto 1393/2007 establece que los programas de formación permanente pueden tener financiación externa, pero deben garantizar la transparencia, la evaluación externa y la publicidad de los convenios.
Sin embargo, no existe una norma específica que regule la remuneración de directores externos ni los límites de influencia institucional. Esto genera vacíos legales que favorecen interpretaciones divergentes entre jueces y peritos.
El marco legal no prevé sanciones por falta de ética, solo por infracciones administrativas
La Fiscalía ha señalado carencias de ética, estética y transparencia, pero no ha identificado delito. Eso evidencia una brecha entre lo moralmente cuestionable y lo penalmente perseguible. Las universidades dependen de sus propios reglamentos internos para sancionar conductas que no violan la ley, pero sí su código de buenas prácticas.
¿Cuál es el impacto económico real de estas cátedras?
La financiación privada representa un ingreso estratégico para las universidades públicas. En la UCM, las cátedras patrocinadas aportaron 4,7 millones de euros en siete años. Ese dinero financia becas, investigación aplicada y actividades de divulgación.
Pero también genera dependencia. Empresas como Inditex, Telefónica o BBVA financian cátedras con nombres propios. Eso no es ilegal, pero sí plantea preguntas sobre la autonomía curricular y la agenda de investigación.
El riesgo no es la financiación, sino la opacidad
Cuando los convenios no se publican íntegramente, cuando los cargos directivos no se someten a procesos abiertos de selección o cuando no se divulgan los informes de evaluación, se erosiona la confianza pública. Eso afecta la legitimidad social de la universidad como institución pública.
¿Qué dice la realidad actual sobre la gobernanza universitaria?
En 2025, el Ministerio de Universidades impulsó una reforma del Estatuto de los Estudiantes y del Reglamento de Régimen Interior de las universidades. Una de sus cláusulas obliga a publicar anualmente los convenios de financiación privada y los perfiles de los directores de cátedras.
Aun así, el 62 % de las universidades públicas no cumplen con la publicación completa de sus convenios, según el Informe Anual de Transparencia Universitaria 2025.
Datos Clave
- La UCM recaudó 4,7 millones de euros en aportaciones privadas para cátedras entre 2019 y 2025.
- El 88 % de los másteres de formación permanente incluyen dirección por personal externo.
- No existe una norma nacional que regule la remuneración de directores externos en cátedras privadas.
- El 62 % de las universidades públicas incumplen la obligación de publicar convenios íntegros.
- La Fiscalía no encontró delito, pero sí falta de ética, estética y transparencia.
La tridimensionalidad del caso va más allá del individuo: revela una tensión estructural entre la necesidad de financiación, la exigencia de integridad institucional y la debilidad del marco normativo. No se trata solo de si una persona actuó bien o mal. Se trata de si el sistema universitario español está diseñado para resistir presiones externas sin perder su esencia pública.
