Más de 100 trabajadores de Castilian, empresa del grupo Konecta, perdieron su empleo en diciembre de 2025 tras un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Ahora, cuatro meses después, una parte de ellos presiona a los sindicatos para que retiren la demanda ante la Audiencia Nacional, cuya vista está fijada para el 13 de mayo de 2026. Temen que una sentencia favorable a los sindicatos obligue a su reincorporación, poniendo en riesgo nuevos contratos ya firmados.
¿Por qué los ex trabajadores de Castilian piden retirar la demanda?
Los afectados por el ERE en Elche, Córdoba y Madrid no buscan revertir el despido. Quieren evitar una reincorporación forzosa tras una posible sentencia judicial.
Más de 50 empleados perdieron su puesto en la delegación ilicitana, ubicada en el parque empresarial de Elche. La mayoría se marchó de forma voluntaria tras acuerdos individuales. Hoy, muchos ya tienen nuevos empleos.
El miedo al doble impacto laboral
Una ex trabajadora explica: «No tiene mucho sentido, porque no hay campañas y al volver seguramente nos enfrentemos a otro ERE». Su testimonio refleja una realidad estructural: la inestabilidad del sector de atención telefónica outsourcing.
Los sindicatos UGT, CCOO y CGT mantienen la demanda. Alegan irregularidades procesales en la tramitación del ERE. Pero los afectados argumentan que esa batalla ya no los representa.
¿Qué dice la ley sobre la retirada de una demanda laboral tras un ERE?
La Ley de Procedimiento Laboral (LPL) permite la desestimación de una demanda por acuerdo entre partes. Pero si ya hay fecha de juicio en Audiencia Nacional, la retirada requiere autorización judicial y notificación formal.
El marco legal no contempla la voluntad individual tras la extinción
El ERE es un procedimiento colectivo, no individual. Una vez declarado nulo por la Justicia, la reincorporación es automática y obligatoria para todos los afectados —incluso los que firmaron salidas voluntarias si se demuestra que hubo vicio de consentimiento.
Esto genera una paradoja: los trabajadores que aceptaron una indemnización y se integraron en nuevos puestos ahora temen una sentencia retroactiva que los devuelva a una empresa sin actividad.
¿Cuál es el impacto económico real del caso Castilian?
Castilian opera en el segmento de servicios de atención al cliente para terceros, un sector con márgenes ajustados y alta rotación. Su dependencia de campañas puntuales explica la volatilidad del empleo.
El costo oculto de los ERE prolongados
- Cada juicio en Audiencia Nacional supone un costo promedio de 12.000 € por parte de la empresa.
- El parque empresarial de Elche perdió más de 50 puestos directos y decenas de indirectos (proveedores, servicios auxiliares).
- El grupo Konecta no ha comunicado nuevas contrataciones en Castilian desde enero de 2026.
La incertidumbre judicial frena la reactivación del centro ilicitano. Sin claridad, ni clientes ni proveedores firman nuevos contratos.
¿Qué ocurre con los sindicatos ante la presión interna?
Los sindicatos defienden que su acción no es contra los trabajadores, sino contra la falta de transparencia en la negociación del ERE. Denuncian que no se facilitó información económica real ni se evaluaron alternativas viables.
La fractura entre representación y representados
Solo 5 de las 23 personas despedidas de forma forzosa han expresado interés en volver. El resto prefiere cerrar el capítulo. Esta brecha revela una crisis de confianza en los mecanismos de diálogo social.
UGT y CCOO reconocen la postura de los afectados, pero insisten en que la nulidad del ERE sentaría un precedente para otros casos similares en el sector.
Datos Clave
- El ERE de Castilian afectó a 100 trabajadores en tres provincias: Elche (50+), Córdoba y Madrid.
- La demanda está inscrita en la Audiencia Nacional con vista fijada para el 13 de mayo de 2026.
- Castilian pertenece al grupo Konecta, especializado en outsourcing de servicios.
- El centro de Elche está ubicado en un parque empresarial estratégico, con impacto regional en empleo y economía local.
- La Ley 20/2021 de reforma laboral exige mayor rigor en la información previa a un ERE, pero no regula la retirada de demandas tras la aceptación individual de salidas.
Contexto actual: un sector en transformación
El mercado de atención telefónica se reconfigura con IA y automatización. Empresas como Castilian enfrentan presión por reducir costes. Los ERE ya no son excepciones: son herramientas recurrentes. Pero la Justicia no avanza al mismo ritmo. La lentitud procesal convierte los litigios en factores de inestabilidad laboral y económica —no de protección.
El caso Castilian no es aislado. Es un espejo de cómo los marcos legales, los tiempos judiciales y las realidades del mercado se desalinean. Y de cómo los trabajadores, al final, pagan el precio de esa descoordinación.
