Un año después del cero eléctrico que paralizó la Península Ibérica, la CNMC ha abierto expedientes sancionadores por indicios de infracción. No se trata de una atribución directa de responsabilidad sobre el apagón, sino de hallazgos de incumplimientos normativos previos y concurrentes. El regulador aclara que estos hechos no causaron el colapso, pero sí revelan fallos estructurales en la operación del sistema eléctrico español.
¿Qué ha descubierto la CNMC tras su investigación?
La CNMC, bajo la dirección de Cani Fernández, concluyó que el apagón del 28 de abril de 2025 tuvo un origen multifactorial. No fue un fallo aislado, sino una cadena de desequilibrios progresivos: sobretensión, pérdida de sincronía y fallos en la respuesta automática de generación y red.
Esto coincide con los informes de Red Eléctrica, el Gobierno y el regulador europeo Entso-e. Todos coinciden en que el sistema se desestabilizó por una sucesión de eventos técnicos, no por un único error humano o técnico.
¿Qué tipo de incumplimientos detectó la CNMC?
Los expedientes sancionadores se basan en indicios de incumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico, especialmente en:
- Fallos en la comunicación de datos operativos en tiempo real.
- Omisiones en la notificación de disponibilidad de potencia de respaldo.
- Incumplimiento de protocolos de coordinación entre operadores y generadores.
Estos hallazgos no se limitan al día del apagón, sino que abarcan períodos prolongados de tiempo, lo que sugiere una normalización de prácticas no conformes.
¿Por qué los expedientes no atribuyen responsabilidad directa del apagón?
La CNMC subraya que los incumplimientos detectados no constituyen por sí mismos la causa del cero eléctrico. Es decir: aunque se confirme una sanción, no se podrá imputar legalmente a esas empresas el colapso del sistema.
Esto contrasta con las declaraciones públicas de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien afirmó en el Senado que los procedimientos de la CNMC y los tribunales dirimirían las responsabilidades del evento.
La diferencia es clave: el marco legal distingue entre incumplimiento normativo y causalidad directa. La sanción aplica a conductas reiteradas o negligentes, no a resultados imprevisibles derivados de interacciones sistémicas complejas.
¿Qué implica esto para la seguridad del sistema eléctrico?
El hallazgo de prácticas no conformes durante meses o años evidencia una erosión silenciosa de los estándares operativos. Esto no solo afecta la confiabilidad técnica, sino también la confianza regulatoria y la transparencia del mercado.
La CNMC no puede imponer sanciones hasta que se cierre el mercado, por lo que los nombres de las empresas investigadas se mantendrán en reserva hasta esta tarde. Esta medida responde a la Ley de Mercados y Competencia, que protege la integridad del mercado durante procesos sancionadores.
¿Cómo se articula la responsabilidad entre normativa, economía y operación real?
El apagón no fue un accidente aislado, sino el punto de inflexión de una tensión acumulada entre tres dimensiones:
- Contexto actual: Transición energética acelerada, mayor penetración de energías renovables variables, menor inercia del sistema.
- Impacto económico: Cada hora de interrupción costó al menos 120 millones de euros, según estimaciones del Banco de España. Las sanciones podrían superar los 10 millones por infracción grave.
- Marco legal y práctico: La Ley del Sector Eléctrico, el Reglamento (UE) 2017/1488 y las instrucciones de Red Eléctrica establecen obligaciones de coordinación, reporte y respuesta que no fueron cumplidas de forma consistente.
¿Qué datos clave debe conocer cualquier profesional del sector?
- La CNMC no vincula los expedientes sancionadores con la causa directa del apagón.
- Los incumplimientos detectados se produjeron durante periodos prolongados, no solo el 28 de abril.
- Las empresas investigadas fueron notificadas este mismo día, en horario previo al cierre del mercado.
- El informe oficial de la CNMC confirma la tesis del origen multifactorial, alineado con Entso-e y Red Eléctrica.
- La sanción máxima por infracción grave puede alcanzar el 10 % de la facturación anual de la empresa.
¿Qué sigue ahora para el sistema eléctrico español?
La apertura de expedientes marca un punto de inflexión regulatorio. No se trata solo de castigar errores pasados, sino de reforzar los mecanismos de gobernanza técnica, transparencia operativa y responsabilidad compartida. El sistema eléctrico ya no es solo una infraestructura física: es un ecosistema regulado donde la información, la coordinación y el cumplimiento normativo son tan críticos como los cables y transformadores.
