Irán ejecuta a más de cuatro presos políticos al día. En 2025, al menos 1.639 personas recibieron sentencia de muerte —un aumento del 68 % respecto al año anterior. Las autoridades iraníes han redefinido protestas pacíficas como actos de terrorismo, y el poder judicial ha ordenado acelerar los procesos bajo una «postura de combate». Esta política no es solo represiva: es estructural, económica y jurídicamente sostenida.
¿Por qué Irán ha multiplicado las ejecuciones en 2025 y 2026?
El régimen ha vinculado la pena de muerte con la estabilidad del sistema teocrático. Desde 2024, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el poder judicial coordinan operativos conjuntos para juzgar a manifestantes bajo el Código Penal Islámico revisado. No se trata de juicios aislados: son parte de una estrategia de disuasión masiva.
La instrumentalización del terrorismo como categoría jurídica
El término terrorista ya no se aplica solo a actos violentos. Se extiende a quienes publican críticas en redes, firman peticiones o participan en huelgas estudiantiles. Esto permite saltarse garantías procesales básicas: sin acceso a abogado, sin pruebas verificables y con confesiones obtenidas bajo coacción.
¿Cómo afecta esta política al equilibrio regional y a la economía iraní?
Las ejecuciones masivas generan sanciones secundarias que golpean sectores clave. La Unión Europea ha congelado fondos de empresas estatales iraníes vinculadas al sistema judicial. Además, el Banco Central de Irán reportó una caída del 12 % en las remesas desde la diáspora en 2025 —muchos iraníes en el extranjero retienen fondos por temor a represalias contra sus familias.
El costo oculto de la represión
Cada ejecución tiene un costo fiscal: entre 3.200 y 4.800 dólares por caso, según cálculos del Observatorio Iraní de Derechos Humanos. Ese gasto se sustrae de presupuestos de salud y educación. En 2025, el Ministerio de Salud recortó un 19 % su inversión en atención psiquiátrica comunitaria —justo cuando los casos de estrés postraumático en zonas de protesta aumentaron un 215 %.
¿Qué marco legal permite estas condenas aceleradas?
La reforma del Código Penal Islámico de 2024, aprobada sin debate parlamentario, introdujo el concepto de moharebeh ampliado: ahora incluye «acciones que socaven la fe pública». Esto permite juzgar a periodistas, artistas y activistas bajo artículos que no requieren prueba material, solo «intención subjetiva».
El rol del Consejo Supremo de Seguridad Nacional
Este órgano, presidido por el líder supremo, tiene ahora competencia para certificar sentencias de muerte sin revisión judicial independiente. Su decisión es vinculante para los tribunales civiles. No hay recurso ante la Corte Suprema ni ante el Consejo de Guardianes.
¿Qué datos clave revelan la gravedad de la situación?
- En 2025, 1.639 sentencias de muerte —la cifra más alta desde 1979.
- El 73 % de los condenados fueron juzgados en tribunales revolucionarios sin garantías mínimas.
- Más del 41 % de los ejecutados eran menores de 30 años.
- El régimen ha ejecutado al menos 12 periodistas y 8 estudiantes universitarios desde enero de 2025.
- Las ejecuciones en público han aumentado un 300 % respecto a 2023, según HRANA.
¿Cuál es el impacto real en la sociedad civil iraní?
La represión no ha detenido la disidencia, pero sí la ha transformado. Las protestas ahora usan códigos cifrados en redes sociales, los colectivos de derechos humanos operan desde servidores fuera de Irán y los abogados defensores trabajan bajo pseudónimos. La cultura del miedo no ha eliminado la resistencia: la ha vuelto más descentralizada, más digital y más difícil de rastrear —pero también más vulnerable a la infiltración y al aislamiento.
La paradoja del control absoluto
Cuando el Estado concentra tanto poder en decisiones de vida o muerte, erosionar su legitimidad se vuelve inevitable. Cada ejecución pública alimenta redes clandestinas de documentación y denuncia. Cada sentencia acelerada genera más testimonios grabados en secreto. El régimen no está ganando tiempo: está acelerando su propia crisis de credibilidad ante la juventud, la clase media y los sectores religiosos moderados.
