El Parque Central de Alicante sale de dos décadas de parálisis con un respaldo inédito: la alianza operativa entre el PP y el PSOE, representada por el alcalde Luis Barcala y el ministro de Transportes Óscar Puente. Este impulso político supera la crispación habitual y prioriza la ejecución de una infraestructura urbana crítica para la movilidad, la sostenibilidad y la cohesión territorial. La inversión no es solo verde: es estratégica, económica y socialmente transformadora.
¿Qué implica el Parque Central de Alicante para la ciudad?
El Parque Central no es un espacio verde convencional. Es un eje estructurante que integrará transporte público, ciclabilidad, espacios peatonales y gestión sostenible del agua. Su trazado conectará el barrio de Raval Roig, el centro histórico, la estación de Alicante-Terminal y el puerto, cerrando una brecha urbana histórica. La superficie total supera las 35 hectáreas, con más del 70 % destinado a usos públicos y ecológicos.
Rediseño funcional del tejido urbano
El proyecto elimina la barrera física y simbólica que suponía la antigua vía férrea elevada. En su lugar, se construye un corredor verde multimodal, con carriles exclusivos para metro ligero, bicicletas y peatones. Esto reduce la dependencia del vehículo privado y mejora la calidad del aire en zonas con altos índices de contaminación.
¿Por qué ha tardado más de 20 años en ejecutarse?
La demora no responde a falta de viabilidad técnica, sino a falta de consenso político, cambios normativos y disputas competenciales entre administraciones. El proyecto fue aprobado inicialmente en 2003, pero sufrió recortes, redefiniciones y paralizaciones por litigios sobre titularidad de suelo y financiación. La actual fase cuenta con financiación estatal (70 %), autonómica (20 %) y municipal (10 %), garantizada hasta 2029.
Marco legal que desbloqueó el impulso
La clave fue la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2025, que incorporó el Parque Central como infraestructura de interés general. Esto activó mecanismos de expropiación forzosa simplificada, previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y permitió acelerar la adquisición de terrenos clave.
¿Cuál es su impacto económico real en la provincia?
El Parque Central generará más de 1.800 empleos directos e indirectos durante su construcción. Tras su inauguración, se estima un aumento del 12 % en el valor catastral de los barrios colindantes y un incremento del 23 % en la demanda de alquileres residenciales. Además, atraerá inversión privada en eco-innovación y movilidad sostenible, con al menos tres parques tecnológicos ya en fase de estudio.
Datos Clave
- Inversión total: 327 millones de euros, cofinanciada por Estado, Generalitat y Ayuntamiento.
- Plazo de ejecución: 42 meses, con inicio previsto en octubre de 2026.
- Superficie: 35,4 hectáreas, de las cuales 25,8 son zonas verdes y espacios públicos.
- Conectividad: Integra 3 estaciones de metro ligero, 12 km de carril bici y 21 puntos de recarga para vehículos eléctricos.
- Sostenibilidad: Sistema de captación de aguas pluviales para riego y refrigeración urbana, con reducción estimada del isla de calor urbano en un 3,2 °C.
¿Cómo se articula la gobernanza entre administraciones?
La coordinación se formaliza mediante un Convenio de Colaboración Interadministrativo, con un Comité Técnico Ejecutivo presidido por el ministro Puente y con representación paritaria de la Generalitat y el Ayuntamiento. Cada trimestre se publica un informe de avance con indicadores de cumplimiento, transparencia presupuestaria y participación ciudadana. El modelo sigue las directrices de la Estrategia Nacional de Infraestructuras 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Tridimensionalidad del proyecto
El Parque Central es un caso de estudio en gobernanza: su contexto actual refleja una nueva cultura de acuerdo técnico sobre ideología. Económicamente, actúa como motor de reactivación local en una provincia con tasa de paro juvenil del 38,7 %. Legalmente, establece un precedente en la aplicación de la Ley de Cambio Climático para infraestructuras urbanas, obligando a evaluaciones de resiliencia climática obligatorias en futuros proyectos de esta escala.
