Una macrooperación policial de la Guardia Civil en la provincia de Valencia ha detenido a 23 personas por robo con fuerza, principalmente de cobre, con impacto directo en la infraestructura ferroviaria y los servicios públicos esenciales. El caso más grave afectó a Metrovalencia, interrumpiendo la circulación de trenes y dejando sin servicio a 38.000 pasajeros diarios.
¿Qué ocurrió exactamente en la vía de Metrovalencia entre Picanya y Torrent?
El 23 de febrero, un grupo accedió ilegalmente al tramo de vía cortando el vallado perimetral. Allí sustrajeron 180 metros de cable de catenaria, componente crítico para la alimentación eléctrica y la señalización ferroviaria.
La sustracción provocó la paralización total de la circulación. Más de 500 trenes diarios dejaron de circular por ese tramo. El impacto fue inmediato: 38.000 usuarios perdieron acceso a la línea cada día.
El detenido fue capturado con 38,5 kg de cobre en un carro de supermercado
Los agentes identificaron al sospechoso mediante indicios recogidos en la inspección ocular. Lo sorprendieron en pleno traslado del material: 38,5 kilogramos de cobre de comunicaciones, ocultos en un carro de supermercado. El material fue devuelto a Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV).
¿Por qué el robo de cobre afecta tanto a los servicios públicos?
El cobre no es un metal cualquiera en infraestructuras críticas. Su alta conductividad lo hace indispensable en catenarias, sistemas de señalización, telecomunicaciones y redes de energía.
- Su extracción ilegal provoca fallos sistémicos, no puntuales.
- Cada metro robado puede requerir horas de reparación técnica especializada.
- La interrupción afecta a seguridad operacional, puntualidad y confianza del usuario.
¿Qué consecuencias legales y económicas tiene este tipo de delito?
El detenido, de 25 años y nacionalidad marroquí, afronta cargos por robo con fuerza y estragos. Además, tenía una orden de expulsión vigente. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Torrent.
Desde el punto de vista económico, el robo de cobre implica costes ocultos: reparaciones urgentes, pérdida de ingresos por interrupción del servicio, y gastos en refuerzo de seguridad perimetral. Según estimaciones del sector, cada kilogramo de cobre robado genera entre 300 y 500 euros en costes totales para la administración.
El marco legal se ha endurecido
La Ley Orgánica 10/1995 (Código Penal) tipifica el robo con fuerza como delito grave. Además, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, de reforma del Código Penal, introdujo agravantes específicas para robos en infraestructuras críticas, como transporte ferroviario o redes eléctricas.
¿Se han producido otros robos similares en la provincia?
Sí. Paralelamente, la Guardia Civil investigó un robo en una caseta de Carcaixent, donde fueron sustraídos cables de cobre, herramientas y material eléctrico. Estas operaciones forman parte de una estrategia coordinada contra el tráfico ilícito de metales no ferrosos, que ha crecido un 22 % en la Comunidad Valenciana desde 2024.
Datos Clave
- 23 personas detenidas en cinco puntos de la provincia de Valencia.
- 180 metros de cable de catenaria robados en el tramo Picanya–Torrent.
- 38.000 pasajeros afectados diariamente, con paralización de 500 trenes.
- El detenido fue sorprendido con 38,5 kg de cobre en un carro de supermercado.
- El sospechoso tenía una orden de expulsión vigente y fue imputado por robo con fuerza y estragos.
- Las operaciones se enmarcan en el aumento del tráfico ilícito de cobre, vinculado a precios internacionales y redes de reciclaje informal.
La tridimensionalidad de este fenómeno es clara: desde el contexto actual, con subidas del precio del cobre en mercados globales (+17 % interanual); pasando por el impacto económico, que supera los 2,3 millones de euros anuales en pérdidas estimadas para FGV; hasta el marco práctico y legal, donde la coordinación entre FGV, la Guardia Civil y los juzgados refleja una respuesta institucional articulada contra la vulneración de infraestructuras esenciales.
