Alberto Núñez Feijóo ha vinculado su futuro como presidente del Gobierno a una bajada de impuestos en el primer año de mandato. Si no logra reducir la carga fiscal, renunciará al cargo. La propuesta surge en plena campaña de la Renta 2026, mientras la Agencia Tributaria sufre fallos técnicos que impiden aplicar deducciones autonómicas como las del Consell. El discurso responde a una presión creciente por la inflación, el estancamiento salarial y la percepción de sobrecarga tributaria.
¿Qué impuestos quiere bajar Feijóo y cómo lo financiará?
Feijóo promete una reforma fiscal integral con tres ejes: reducción del IRPF, bonificación del IVA para autónomos y armonización de bonificaciones en impuesto de sucesiones. Su plan no depende de nuevos ingresos, sino de una auditoría del gasto público. El PP estima un margen de ahorro de más de 40.000 millones de euros, aunque el dato exacto se conocerá tras una revisión técnica postelecciones.
Reducción del IRPF y bonificación para jóvenes
El PP propone bajar los tramos del IRPF y eximir de este impuesto a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su primer empleo. Esto busca incentivar la contratación estable y reducir la fuga de talento. La medida se aplicaría sin condición de renta mínima, pero sí con límite de edad y vinculación laboral.
Exención del IVA para autónomos
Los profesionales que facturen menos de 85.000 euros anuales quedarían exentos del IVA. Esta medida busca aliviar la carga administrativa y financiera de más de 3,2 millones de autónomos. No implica renuncia a la facturación, sino un régimen simplificado con compensación fiscal directa.
¿Es viable financiar las rebajas con recortes en el gasto público?
Feijóo apela a la eficiencia, no a la austeridad. Su propuesta parte de la identificación de duplicidades, contratos opacos y programas sin evaluación de impacto. El gasto público en España supera el 45 % del PIB, por encima de la media de la UE. Una reducción del 3 % en gasto corriente equivaldría a unos 22.000 millones de euros —más que suficiente para cubrir las medidas fiscales anunciadas.
El marco legal actual limita la autonomía fiscal
Las comunidades autónomas tienen competencia en bonificaciones tributarias, pero no en la estructura de los impuestos estatales. Por eso, el PP propone una reforma constitucional para ampliar su capacidad de acción en impuesto de sucesiones, patrimonio y IRPF. Sin cambios legales, las bonificaciones quedarían limitadas a las regiones gobernadas por el PP.
¿Qué impacto económico tendrían estas medidas?
Una bajada del IRPF del 5 % en los tramos medios podría inyectar 8.000 millones de euros en consumo privado. Según el Banco de España, cada euro devuelto en impuestos genera 1,3 euros en actividad económica. Para los autónomos, la exención del IVA reduciría su carga fiscal real en un 12 %, mejorando su margen de beneficio y su capacidad de inversión.
Datos Clave
- Feijóo vincula su permanencia como presidente a la aplicación de bajadas fiscales en el primer año de Gobierno.
- Propone eximir del IVA a autónomos con facturación inferior a 85.000 euros.
- Bonificación de cuatro años sin IRPF para jóvenes en su primer empleo.
- Estima 40.000 millones de euros en ahorro potencial mediante auditoría del gasto público.
- Busca reformar la Constitución para ampliar la competencia fiscal de las comunidades autónomas.
¿Qué dice el marco legal sobre las deducciones autonómicas?
El fallo informático de la Agencia Tributaria impide aplicar deducciones del Consell y otras comunidades, evidenciando la fragilidad del sistema de interoperabilidad fiscal. La Ley General Tributaria exige que las deducciones autonómicas se integren en el programa Renta Web, pero su implementación depende de acuerdos técnicos y presupuestarios. Sin una actualización del sistema, las deducciones quedan en suspenso —como ya ocurrió en 2025 con las bonificaciones valencianas y andaluzas.
El contexto actual agrava la urgencia fiscal
La inflación interanual se mantiene en el 3,4 %, los salarios reales caen un 1,2 % y el 62 % de los hogares declaran dificultades para llegar a fin de mes. En este escenario, una reforma fiscal no es solo técnica: es una herramienta de cohesión social. El PP apuesta por un modelo que priorice la competitividad fiscal, la simplificación administrativa y la equidad intergeneracional —no solo la reducción nominal de impuestos.
