Forestalia ha iniciado una nueva etapa tras el relevo de su liderazgo ejecutivo. Ricardo Samper García asume como director general, mientras Fernando Samper Rivas abandona la presidencia. El cambio no es meramente simbólico: responde a un protocolo corporativo diseñado para separar propiedad y gestión, asegurar estabilidad operativa y responder al aumento del escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales activos.
¿Por qué se produce este cambio en la dirección de Forestalia?
El nombramiento de Ricardo Samper García obedece a un plan estratégico interno, no a una emergencia. El protocolo fue elaborado por el despacho Cuatrecasas, con el objetivo explícito de articular una gobernanza más transparente y resiliente.
Este ajuste se activa en un contexto de alta presión regulatoria y judicial. Forestalia enfrenta varios procedimientos judiciales relacionados con proyectos eólicos y autorizaciones ambientales. La separación entre propiedad y gestión busca blindar la operativa diaria frente a posibles impactos legales.
Formación técnica y experiencia operativa
Ricardo Samper García posee una formación multidisciplinar: Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Dirección Financiera, Finanzas y Asesoría Fiscal. Su vinculación con Forestalia supera los seis años, durante los cuales ha ocupado distintos cargos clave. Esa progresión interna refuerza su conocimiento del tejido operativo y de los desafíos regulatorios del sector.
¿Cómo afecta este cambio al futuro de los proyectos de Forestalia?
La continuidad de los proyectos es la prioridad inmediata. Forestalia gestiona más de 3.000 MW en cartera, con parques eólicos en construcción y en fase de licitación. El nuevo director general asume la responsabilidad de mantener los plazos, los compromisos con proveedores y las relaciones con administraciones locales y autonómicas.
Impacto económico en el tejido industrial aragonés
Forestalia es uno de los mayores empleadores industriales de Aragón. Sus proyectos impulsan la cadena de valor local: fabricación de componentes, logística, mantenimiento y servicios técnicos. Cualquier interrupción en su ritmo afectaría directamente a más de 2.500 puestos de trabajo indirectos.
¿Qué marco legal regula esta transición corporativa?
El protocolo interno no es voluntario: está alineado con la Ley de Sociedades de Capital y con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la CNMV. Exige transparencia en la designación, divulgación pública de responsabilidades y separación efectiva entre funciones de control y ejecución.
Cumplimiento de obligaciones ante la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica
Forestalia opera bajo autorizaciones de la CNMC y licencias ambientales del MITECO. El cambio de dirección requiere notificación formal a ambas entidades. Además, los proyectos en marcha deben seguir cumpliendo los plazos de puesta en servicio establecidos en los decretos de asignación de potencia.
¿Qué significa este relevo para la gobernanza energética española?
Este caso marca un precedente en el sector renovable: una empresa con fuerte arraigo familiar adopta mecanismos de gobernanza profesionalizados ante presión institucional. Refleja una tendencia creciente: la transición de modelos empresariales centrados en el fundador hacia estructuras con mayor independencia ejecutiva, control de riesgos y rendición de cuentas.
Datos Clave
- Ricardo Samper García asume como director general el 26 de marzo de 2026.
- El protocolo de transición fue redactado por Cuatrecasas, especializado en gobernanza corporativa.
- Fernando Samper Rivas renuncia a la presidencia, pero mantiene participación accionarial.
- Forestalia gestiona más de 3.000 MW en cartera de energía eólica.
- El grupo emplea directamente a más de 800 personas y sostiene más de 2.500 puestos indirectos.
- La transición está sujeta a notificación obligatoria ante la CNMC y el MITECO.
La tridimensionalidad del cambio es clara: en el plano contextual, responde a una fase crítica de litigios y exigencias regulatorias; en el económico, protege inversiones por más de 4.000 millones de euros y su impacto regional; y en el legal, aplica estándares de transparencia exigidos por la CNMV y la Ley de Cambio Climático. Este relevo no es un ajuste interno: es una señal de madurez institucional en el sector energético español.
