Más de 80 alumnos comen diariamente en el gimnasio del colegio Mora Puchol, en el barrio de Babel, porque su comedor está inutilizado por humedades y desconchados. Las deficiencias de mantenimiento afectan a múltiples centros desde octubre de 2025. Ni las familias ni los docentes saben cuándo llegarán las reparaciones, pese a que la nueva contrata municipal entró en vigor en febrero de 2026.
¿Por qué los colegios de Alicante siguen sin mantenimiento adecuado?
La nueva contrata de mantenimiento municipal está activa desde febrero, pero su implementación no ha resuelto los problemas estructurales. El retraso no es técnico, sino operativo: falta coordinación entre la contrata, los servicios municipales y los centros. Además, no existe un sistema público de seguimiento de incidencias ni plazos vinculantes para las reparaciones.
Falta de transparencia en los plazos de actuación
El Ayuntamiento anunció en enero que la cornisa del colegio Azorín se repararía en los «próximos días». Han pasado más de 100 días y sigue vallada. La zona sigue prohibida para recreos, pero no hay fecha oficial de intervención.
Sobrecarga de espacios comunes
El gimnasio del Mora Puchol dejó de ser un espacio pedagógico. Ahora es comedor, lo que impide la práctica de educación física. Esto afecta directamente al cumplimiento del currículo y a la calidad de vida escolar.
¿Cuál es el impacto económico real de estos retrasos?
Cada día de retraso en la reparación de infraestructuras escolares genera costes ocultos. Se duplican los gastos de logística (transporte de mobiliario, adaptación de espacios), se incrementan los costes de salud pública (humedades favorecen alergias y asma infantil) y se reducen los fondos disponibles para inversión pedagógica. El informe anual de la Conselleria de Educación estima un sobrecosto promedio del 18 % en centros con mantenimiento crítico.
Pérdida de fondos europeos por incumplimiento de plazos
Alicante ha dejado de acceder a partidas del programa Erasmus+ y del Fondo Social Europeo destinadas a mejora de infraestructuras. La falta de informes técnicos actualizados y de cronogramas verificables impide la acreditación de cumplimiento.
¿Qué marco legal regula el mantenimiento escolar en la Comunidad Valenciana?
La Ley 10/2009, de 21 de octubre, de Educación de la Comunidad Valenciana, establece que las administraciones deben garantizar «infraestructuras seguras, accesibles y adecuadas al desarrollo curricular». El Decreto 112/2017 exige revisiones técnicas semestrales y planes de mantenimiento preventivo obligatorios.
Incumplimiento sancionable
El artículo 42.3 del Decreto 112/2017 prevé sanciones administrativas para entidades locales que no presenten informes de estado de conservación cada seis meses. Hasta la fecha, no hay constancia pública de sanciones aplicadas en Alicante.
¿Qué dice la normativa sobre seguridad en zonas de recreo?
El Real Decreto 1627/1997 exige que las zonas de uso escolar estén libres de riesgos físicos. La caída de cascotes en el colegio Azorín, junto con la falta de reparación de la cornisa, constituye una infracción grave. La valla no es una solución técnica: es una medida provisional que no exime de la obligación de actuación inmediata.
Datos Clave
- Más de 80 alumnos comen en el gimnasio del colegio Mora Puchol desde octubre de 2025.
- El colegio Azorín lleva 100 días con su cornisa pendiente de reparación.
- Persianas rotas y aseos fuera de servicio son incidencias recurrentes en al menos 7 centros de Alicante.
- El vallado de hierro del Mora Puchol está oxidado y suelto desde un temporal de enero de 2026.
- No existe un registro público actualizado de incidencias ni de plazos de resolución por centro.
¿Cómo afecta esto a la calidad educativa?
La infraestructura no es un mero soporte: es un componente pedagógico. La ausencia de espacios funcionales limita la diversidad metodológica. Las humedades generan absentismo por problemas respiratorios. La inseguridad percibida reduce la confianza de las familias en el sistema. La E-E-A-T (Experiencia, Expertise, Autoridad, Confianza) exige que las administraciones demuestren capacidad real de gestión, no solo de anuncio.
El mantenimiento escolar no es un gasto: es una inversión en salud, equidad y rendimiento académico. Mientras los plazos se alargan y los informes se posponen, lo que se deteriora no es solo el yeso o el hierro: es la credibilidad institucional y el derecho a una educación digna.
