La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal especializada en el tráfico internacional de cocaína, con base operativa en el Puerto de Algeciras y vínculos directos con el clan del ‘Risitas’. La operación ha dejado 20 detenidos y 22 registros en cinco municipios andaluces. Se ha recuperado evidencia de una evolución táctica peligrosa: desde ocultación en cabinas hasta dobles fondos en semirremolques, pasando por el uso de empresas de transporte como fachada legal.
¿Qué revela la nueva operación contra el clan ‘Risitas’?
La investigación confirma la reestructuración del grupo tras la operación ‘Kiken’ de 2023. En aquella fase, se detuvo a 30 personas y se incautaron más de 1.000 kilos de cocaína. Ahora, el líder principal ha sido reapresado. El segundo jefe sigue prófugo.
Los agentes identificaron una estrategia de normalización: la adquisición de una empresa de transporte por carretera. Esta cobertura permitía mover mercancía bajo apariencia legal. El Puerto de Algeciras, como principal puerta de entrada de droga desde Sudamérica y el África occidental, se convirtió en eje logístico clave.
Evolución operativa: del riesgo al control técnico
La organización dejó de depender de la improvisación. Empleó dobles fondos bajo semirremolques, diseñados para dos funciones: alojar a los ‘extractores’ y esconder fardos de cocaína. Esto permitía ejecutar operaciones de gancho perdido, donde el camión entra al puerto con carga legítima, se abre el contenedor en zona restringida y se retira sin rastros visibles.
¿Cómo funcionaba la logística del doble fondo?
Los semirremolques modificados no requerían intervención en cabinas ni depósitos. Todo ocurría bajo la carrocería. Los extractores entraban al puerto ocultos, realizaban la extracción y salían sin contacto directo con controles visuales. Esta técnica reducía drásticamente la probabilidad de detección.
Integración de infraestructura industrial
La red usó naves industriales como puntos de procesamiento. En octubre de 2025, se incautaron 445 kg de cocaína en una nave del polígono industrial de Los Guijos (Algeciras). Allí, dos miembros fueron sorprendidos extrayendo droga del doble fondo. Confían en su logística, pero subestimaron la capacidad de seguimiento de la Guardia Civil.
¿Cuál es el impacto económico y legal de esta red?
El uso de empresas de transporte no es solo táctico: es una forma de blanqueo de capitales y de acceso a subvenciones, ayudas públicas y contratos con administraciones. Cada camión registrado legalmente multiplica su capacidad de infiltración en cadenas de suministro legítimas.
Desde el punto de vista legal, la modificación de vehículos para ocultar droga configura un delito agravado bajo el Código Penal español (art. 368). La asociación ilícita y el tráfico internacional activan competencias de la Audiencia Nacional y cooperación con Europol y la DEA.
Datos Clave
- 20 personas detenidas en 22 registros domiciliarios
- 5 municipios afectados: Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea y Marbella
- 445 kg de cocaína intervenidos en octubre de 2025
- Uso de dobles fondos en semirremolques para extracción y transporte
- Empresa de transporte adquirida como fachada tras la operación ‘Kiken’
- Líder reapresado; segundo jefe sigue prófugo
¿Qué implica esta operación para la seguridad portuaria en España?
El caso evidencia una vulnerabilidad estructural en los controles de carga rodada en puertos estratégicos. No basta con inspeccionar contenedores: hay que auditar vehículos modificados, verificar la trazabilidad de empresas de transporte y cruzar datos con registros aduaneros y fiscales.
La tridimensionalidad del fenómeno es clara: desde el contexto actual —una red que se reinventa tras cada golpe— hasta su impacto económico —desviación de recursos públicos, distorsión del mercado logístico— y su marco legal —delitos complejos que exigen coordinación judicial, policial y europea.
Respuesta institucional escalonada
La operación no es un punto final. Es un eslabón en una cadena de respuesta que incluye: auditorías técnicas en puertos, formación especializada en detección de modificaciones vehiculares y protocolos de colaboración con autoridades portuarias y aduaneras. La Agencia Tributaria y la Dirección General de la Marina Mercante ya están integradas en los nuevos planes de vigilancia.
