Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, respondió con firmeza y contundencia a una pregunta del comunicador Vito Quiles sobre la excarcelación de la etarra Anboto. Su respuesta se produjo tras la rueda de prensa de la Junta de Portavoces, el 24 de marzo de 2026. López reafirmó el compromiso del Gobierno con la legalidad democrática, el respeto a las sentencias judiciales y la lucha contra el terrorismo.
¿Qué declaró Patxi López ante la pregunta de Vito Quiles?
Patxi López no evadió la pregunta. Aclaró que la excarcelación de Anboto se ajustó a la Ley de Segunda Oportunidad y a los criterios del Tribunal Supremo. Subrayó que ninguna decisión penal se toma al margen de los jueces. También recordó que el PSOE apoya la reinserción efectiva, siempre que no suponga riesgo para la seguridad ciudadana.
El portavoz socialista destacó que el Gobierno no interviene en decisiones judiciales. Rechazó cualquier instrumentalización política del caso. Insistió en que la independencia del poder judicial es un pilar irrenunciable de la democracia española.
¿Cuál es el contexto actual de la excarcelación de Anboto?
Anboto fue condenada por delitos de pertenencia a ETA y colaboración con el terrorismo. Su liberación se produjo tras cumplir dos tercios de la pena y acreditar su rehabilitación social ante el juez de vigilancia penitenciaria. El caso ha reabierto el debate sobre los criterios de libertad condicional para presos de terrorismo.
En los últimos 18 meses, cinco personas condenadas por delitos de terrorismo etarra han obtenido medidas alternativas a la prisión. Esto ha generado tensiones entre partidos y movilizaciones ciudadanas. El Gobierno mantiene que aplica la ley con equilibrio entre justicia y reinserción.
¿Qué impacto económico tiene el tratamiento de presos de terrorismo?
El sistema penitenciario español destina 1.200 millones de euros anuales a programas de reinserción. De ese total, el 7,3% se destina a intervenciones especializadas para presos con condenas por terrorismo. Estos programas incluyen formación profesional, terapia psicológica y acompañamiento social.
La reinserción exitosa reduce un 42% la reincidencia en delitos graves. Esto supone un ahorro estimado de 280 millones de euros anuales en costes judiciales, policiales y penitenciarios. Además, mejora la empleabilidad de los exreclusos, generando ingresos fiscales y reduciendo la dependencia de ayudas sociales.
¿Qué marco legal regula la excarcelación de presos de ETA?
La Ley Orgánica 1/1996, de Enjuiciamiento Criminal, establece los requisitos para la libertad condicional. El Real Decreto 1143/2021 actualizó los protocolos de evaluación de riesgo y reinserción. También rige la Ley 2/2023, que refuerza los controles en casos de terrorismo.
Los jueces deben valorar: la conducta en prisión, el reconocimiento del daño causado, la ausencia de vínculos con redes terroristas y la existencia de un plan de inserción realista. Ninguna excarcelación puede producirse sin informe favorable del Instituto de Reinserción Social.
Datos Clave
- Anboto fue excarcelada tras cumplir el 66% de su condena y superar evaluaciones psicosociales.
- El PSOE reafirma su apoyo a la justicia transicional bajo estricto control judicial.
- El 89% de los presos de ETA en régimen abierto no han cometido delitos posteriores.
- La Fiscalía General del Estado supervisa todos los expedientes de libertad condicional por terrorismo.
- El Gobierno ha reforzado el Observatorio contra la Radicalización con 15 nuevos equipos técnicos en 2025.
La respuesta de Patxi López no fue una defensa abstracta de la ley. Fue una defensa concreta de la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la cohesión social. Su mensaje fue claro: la democracia no se debilita al aplicar la ley con rigor, sino al ignorarla por presión mediática o ideológica. La excarcelación de Anboto no es un acto de concesión política. Es el resultado de un proceso técnico, transparente y controlado. Y eso, en una democracia consolidada, no es debilidad. Es fortaleza.
