La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha destapado un alarmante caso de intrusismo profesional en el ámbito de la estética en Valencia. Una mujer de 36 años ha sido investigada por realizar cientos de tratamientos estéticos sin la debida habilitación, operando en varios centros de la provincia y, en algunos casos, en su propio domicilio. Este caso ha surgido tras una denuncia presentada en marzo por una profesional de la salud, quien alertó sobre la actividad de esta persona en una peluquería de Sueca, donde se realizaban tratamientos estéticos sin ningún tipo de control sanitario.
Los agentes de la Guardia Civil iniciaron la operación “Zubar” y descubrieron que la investigada se hacía pasar por doctora, ofreciendo tratamientos como aumento de labios, rinomodelación y aplicaciones de toxina botulínica. A través de sus redes sociales, la mujer promocionaba los tratamientos que realizaba, lo que facilitó a los investigadores localizar los centros donde operaba. Aunque la mujer tenía un título en odontología, no contaba con la formación ni la autorización necesarias para llevar a cabo estos procedimientos estéticos, que están reservados exclusivamente a médicos especialistas en medicina estética.
### La magnitud de la actividad ilegal
La investigación reveló que la falsa médica había realizado cientos de tratamientos estéticos, con al menos 80 clientas registradas. Los testimonios de estas clientas y de los centros donde trabajaba confirmaron que la mujer había realizado más de 180 tratamientos de toxina botulínica y ácido hialurónico, todos documentados y firmados por ella. Algunas clientas incluso se sometieron a estos procedimientos en el domicilio de la investigada, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la higiene de los tratamientos.
Además, se constató que muchos de los centros donde la investigada ofrecía sus servicios carecían de la licencia administrativa necesaria para realizar tratamientos estéticos, emitida por la conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Estos centros no solo operaban sin la debida autorización, sino que también carecían de los sistemas adecuados para el manejo de productos y residuos biológicos, lo que pone en riesgo la salud de las personas que se someten a estos tratamientos.
La investigación ha llevado a la Guardia Civil a acusar a la mujer de intrusismo profesional, así como de delitos contra la salud pública por la suministración de medicamentos sin la debida autorización. También se ha abierto un proceso para investigar la legalidad de los productos utilizados en los tratamientos, ya que no se ha podido verificar su trazabilidad, lo que sugiere que podrían haber sido adquiridos de manera ilegal.
### Consecuencias y recomendaciones para los usuarios
Este caso pone de manifiesto la importancia de acudir a profesionales cualificados y autorizados para realizar tratamientos estéticos. La falta de regulación en este sector puede tener consecuencias graves para la salud de los pacientes. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada puede resultar en complicaciones serias, e incluso en la muerte. Por ello, es fundamental que los usuarios se informen adecuadamente antes de someterse a cualquier procedimiento estético.
Las autoridades sanitarias han recomendado a los interesados en tratamientos estéticos que verifiquen la titulación y la habilitación de los profesionales que los realizan. Es esencial que estos tratamientos se realicen en centros autorizados, que cuenten con las licencias necesarias y que cumplan con las normativas de salud y seguridad. La salud de los pacientes debe ser siempre la prioridad, y acudir a un profesional cualificado es la mejor manera de garantizar un tratamiento seguro y efectivo.
La investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca, continúa en curso. Las autoridades están trabajando para esclarecer todos los detalles de este caso y para tomar las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos de prácticas ilegales en el ámbito de la estética.
