La Audiencia Nacional ha decidido continuar con la investigación penal iniciada en 2018, relacionada con un presunto fraude fiscal en el sector del calzado en Elche. Esta decisión se produce tras desestimar el recurso de apelación presentado por un investigado que solicitaba el archivo de la causa, argumentando la falta de indicios de delito en su actuación. La Sala de lo Penal, en un auto emitido el 5 de diciembre de 2025, ha respaldado la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 3, permitiendo que la investigación siga su curso en torno a un fraude millonario vinculado al IVA.
El caso se centra en un entramado de sociedades que, según las investigaciones, habrían simulado operaciones comerciales intracomunitarias para eludir el pago del IVA en España. Se estima que este fraude ha causado un perjuicio económico que supera los 44 millones de euros. La operativa investigada se habría llevado a cabo entre 2014 y 2017, y la Audiencia Nacional ha señalado que, en este momento procesal, no se puede descartar la posible participación del investigado en la estructura analizada.
### Detalles del caso y argumentos de la defensa
La defensa del investigado ha argumentado que su cliente no participó de manera activa ni consciente en las actividades delictivas que se le imputan. Según su defensa, su papel se limitó al de administrador de derecho, sin control efectivo sobre la gestión de las sociedades implicadas. Aseguran que las decisiones eran tomadas por terceros que actuaban como administradores de hecho, lo que, según ellos, debería llevar al archivo del caso por falta de pruebas.
Además, la defensa ha destacado el impacto personal y profesional que ha tenido la prolongación de la investigación, que ya lleva casi ocho años. Han mencionado la privación de libertad sufrida por el investigado en una fase inicial del procedimiento y el daño moral que ha derivado de la exposición pública del caso. En este sentido, han subrayado la importancia de la reputación en el sector del calzado de Elche, un ámbito que se considera especialmente sensible a las repercusiones negativas.
Otro punto clave en el recurso de apelación es la alegación de un trato desigual respecto a otros investigados que han sido apartados de la causa. La defensa sostiene que su cliente ha sido objeto de un agravio comparativo, ya que situaciones similares han sido resueltas con el archivo de la causa, mientras que su cliente sigue vinculado al procedimiento sin que se haya demostrado, a su juicio, ningún beneficio económico personal.
### Perspectivas de la investigación y el papel del Ministerio Fiscal
Frente a los argumentos de la defensa, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado se han opuesto al archivo del caso. Ambos han coincidido en que la investigación aún no ha concluido y que, a la luz de las diligencias practicadas, no se puede descartar la posible implicación del investigado en la operativa delictiva. La Audiencia Nacional ha respaldado esta valoración, enfatizando que la fase de instrucción tiene como objetivo esclarecer los hechos y determinar con mayor precisión el alcance de las responsabilidades penales.
En su auto, la Sala ha indicado que, en este momento procesal, no se puede descartar la participación del recurrente como colaborador en la operativa investigada. Por lo tanto, considera prematuro acordar el sobreseimiento del caso. La Audiencia Nacional ha señalado que será en el futuro auto de transformación a procedimiento abreviado cuando se delimitará el ámbito objetivo y subjetivo de los hechos y se evaluará su viabilidad penal.
Asimismo, el tribunal ha rechazado la solicitud de levantar las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción, argumentando que el investigado mantiene su condición procesal y que no existe causa relevante para su alzamiento en este momento. Esta decisión permite que la investigación continúe, en un contexto que se presenta como complejo y de elevado impacto económico, con ramificaciones internacionales que podrían extenderse más allá de las fronteras españolas. La Audiencia Nacional, por lo tanto, ha decidido mantener la causa abierta, dejando en suspenso el desenlace penal de un caso que se ha prolongado durante casi una década.
