El último pleno del Ayuntamiento de Alicante en 2025 se llevó a cabo en un ambiente marcado por la tensión y la controversia, a medida que los concejales debatieron sobre temas cruciales para la ciudad. Este encuentro, que se celebró en un contexto de inminente aprobación del presupuesto para 2026, estuvo lleno de intercambios acalorados y protestas, reflejando la complejidad de la política local y las preocupaciones de los ciudadanos.
### La Propuesta de Regulación de Alojamientos Turísticos
Uno de los puntos más destacados de la sesión fue la discusión sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), impulsada por el gobierno del Partido Popular (PP) con el objetivo de regular la proliferación de apartamentos turísticos en Alicante. El vicealcalde Manuel Villar defendió la necesidad de someter la normativa a información pública durante un plazo de 45 días, argumentando que esto permitiría abrir un periodo de alegaciones y mejorar la regulación del sector.
Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de críticas. Desde el grupo de EU-Podemos, Manolo Copé advirtió que la iniciativa del PP no tendría efecto si no se implementaban medidas de inspección y sanciones efectivas. Por su parte, Rafa Mas, de Compromís, cuestionó la capacidad del alcalde para gestionar la situación, acusándolo de ignorar la cantidad de viviendas turísticas en la ciudad. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, expresó su abstención, argumentando que las excepciones para hoteles de alta categoría perjudicaban a los apartamentos turísticos de calidad superior.
La concejala socialista Trini Amorós también se unió al debate, insistiendo en que las regulaciones debían aplicarse de manera equitativa en toda la ciudad, sin excepciones que favorecieran a ciertos barrios. Este intercambio de opiniones reveló las divisiones profundas entre los diferentes grupos políticos sobre cómo abordar el crecimiento del turismo y su impacto en la comunidad local.
### Denuncias de Acoso Laboral y Protestas Ciudadanas
Otro tema que generó controversia fue la decisión unánime del pleno de remitir a la Fiscalía un presunto caso de acoso laboral en el que se vio involucrado un alto funcionario del área de Hacienda. Este asunto, que había sido denunciado por varios empleados, fue tratado con seriedad por la Corporación, que decidió actuar para que la Justicia investigue los hechos. La medida fue aprobada sin debate, lo que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de abordar el acoso laboral en el ámbito municipal.
En medio de estos debates, el pleno también fue interrumpido por protestas de miembros del Sindicato de Barrio de Carolinas y otros colectivos que exigían medidas para limitar los precios del alquiler. La situación se tornó tensa cuando los manifestantes interrumpieron la sesión, lo que llevó al alcalde a ordenar el desalojo del público presente. Este incidente subrayó la creciente frustración de los ciudadanos ante la crisis de vivienda y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno local.
La sesión continuó con un intercambio de ruegos y preguntas, donde el PSOE planteó la necesidad de mejorar los servicios para personas con discapacidad y la reactivación de líneas de autobús nocturnas. Sin embargo, el gobierno del PP se mostró reacio a comprometerse con estas solicitudes, argumentando limitaciones en los recursos y condiciones laborales.
### La Lucha por el Presupuesto y el Futuro de Alicante
A medida que se acercaba la aprobación del presupuesto para 2026, las tensiones aumentaron en el pleno. La concejala de Compromís, Sara Llobell, expresó su frustración por la falta de atención a las víctimas de violencia de género, señalando que varias mujeres se habían quedado sin acceso a ayudas públicas debido a la falta de fondos. Este comentario provocó una respuesta defensiva del alcalde, quien rechazó las acusaciones y defendió la gestión del presupuesto.
El debate sobre el presupuesto también incluyó propuestas de los socialistas para aumentar los fondos destinados al turismo y a la atención social. Sin embargo, estas iniciativas fueron rechazadas por el PP y Vox, lo que evidenció la falta de consenso en temas clave para el desarrollo de la ciudad. La oposición criticó la falta de enmiendas y la gestión del presupuesto, lo que llevó a un intercambio de acusaciones entre los diferentes grupos políticos.
La sesión culminó con la aprobación de una declaración institucional en apoyo a las personas con esclerosis múltiple, aunque esta medida fue seguida de más tensiones cuando se discutieron otras propuestas relacionadas con la migración y el aumento de los precios del alquiler. La falta de acuerdo en estos temas refleja las divisiones políticas y la dificultad de alcanzar consensos en un contexto de creciente polarización.
El último pleno del año 2025 en Alicante no solo fue un reflejo de las tensiones políticas en el Ayuntamiento, sino también de las preocupaciones de los ciudadanos sobre temas cruciales como la vivienda, la violencia de género y la atención social. A medida que la ciudad se prepara para el nuevo año, la necesidad de un diálogo constructivo y de soluciones efectivas se vuelve más urgente que nunca.
