El Ayuntamiento de Alicante ha decidido recurrir la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que declaró inválidos los pliegos del contrato para la gestión del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS). Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Consistorio y la Fundación Salud y Comunidad, antigua adjudicataria del servicio, que ha denunciado la falta de subrogación del personal en el nuevo contrato.
La sentencia del TSJCV, emitida en octubre, consideró que los pliegos del contrato no cumplían con la normativa vigente, ya que omitían la obligación de subrogación del personal, un aspecto fundamental según el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta omisión podría acarrear indemnizaciones millonarias para el Ayuntamiento, ya que la fundación argumenta que la exclusión de los trabajadores podría resultar en despidos injustificados.
### El Contexto del Conflicto
La controversia se origina en la denuncia presentada por la Fundación Salud y Comunidad, que había gestionado el CAI durante más de dos décadas. La fundación argumentó que el nuevo contrato del CAUS era prácticamente idéntico al anterior, lo que justificaba la aplicación de la subrogación del personal. Según sus cálculos, la falta de esta subrogación podría llevar a indemnizaciones superiores a 400.000 euros por los despidos de una veintena de trabajadores que no fueron asumidos por la nueva adjudicataria.
De los 25 empleados que trabajaban en el centro, solo seis fueron contratados tras el cambio de gestión, a pesar de que el resto seguía siendo necesario para la atención a las personas sin hogar. La fundación había presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que fue desestimado, argumentando que el nuevo contrato no era una simple continuación del anterior. Sin embargo, el TSJCV contradijo esta interpretación, señalando que ambos contratos eran esencialmente similares.
Los magistrados del TSJCV concluyeron que el servicio prestado en el CAUS es prácticamente el mismo que el del CAI, ya que se realiza en el mismo edificio, para los mismos usuarios y con una plantilla similar. Además, el tribunal cuestionó la decisión del Ayuntamiento de aplicar un convenio colectivo menos favorable para los trabajadores, sugiriendo que se debió utilizar el convenio anterior, que obligaba a la subrogación.
### Implicaciones de la Sentencia
La sentencia del TSJCV no solo invalida los pliegos del contrato, sino que también exige al Ayuntamiento que corrija la documentación y convoque una nueva licitación que cumpla con la ley. Mientras el recurso presentado por el Consistorio esté en trámite, la sentencia no será firme, lo que permite al gobierno municipal mantener la actual adjudicación y continuar con la operación del albergue.
Sin embargo, esta situación ha generado un clima de incertidumbre tanto para los trabajadores como para los usuarios del servicio. La Fundación Salud y Comunidad ha expresado su preocupación por la falta de atención adecuada a las personas sin hogar, dado que la reducción del personal previsto en el nuevo contrato no fue justificada adecuadamente por el Ayuntamiento. La diferencia en el número de trabajadores, de 31,75 en el CAI a 28,83 en el CAUS, fue considerada por el TSJCV como una mera reformulación administrativa, sin un cambio real en el objeto del contrato.
El Ayuntamiento, por su parte, ha optado por no ofrecer más detalles sobre el contenido del recurso presentado el 31 de octubre. Mientras tanto, el albergue municipal continúa funcionando con normalidad, sin que la decisión judicial afecte por el momento a la atención de los usuarios.
La situación en Alicante refleja un problema más amplio en la gestión de servicios públicos y la protección de los derechos laborales. La subrogación del personal es un tema crucial en la contratación pública, especialmente en servicios que afectan a poblaciones vulnerables. La falta de atención a este aspecto puede tener consecuencias graves, no solo para los trabajadores, sino también para la calidad del servicio prestado a los ciudadanos que dependen de él.
A medida que avanza el proceso judicial, será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas tomará el Ayuntamiento para cumplir con la normativa y garantizar la continuidad del servicio sin perjudicar a los trabajadores involucrados.
