La reciente disputa entre el Ayuntamiento de Alicante y el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, ha tomado un giro significativo tras la intervención de la Fiscalía Provincial. En un escrito presentado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, la Fiscalía ha afirmado que la expulsión de Copé del pleno municipal representa una clara violación de sus derechos de representación, tal como se establece en el artículo 23 de la Constitución Española. Este artículo garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, ya sea de manera directa o a través de representantes elegidos por sufragio universal.
La controversia se originó durante el pleno del 27 de junio, donde a Copé se le impidió participar a pesar de haber sido convocado formalmente mediante un decreto de Alcaldía. El alcalde, Luis Barcala, tomó la decisión de excluirlo minutos antes del inicio de la sesión, argumentando que Copé se encontraba en una situación de permiso por acogimiento, un derecho legal similar al permiso de paternidad. Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada por la Fiscalía, que sostiene que la decisión del alcalde no tiene justificación legal y que priva a Copé de su derecho a ejercer su función como concejal.
La situación se complicó aún más cuando el pleno fue suspendido temporalmente en dos ocasiones debido a la tensión generada por la negativa del alcalde a permitir la participación de Copé. A pesar de que el concejal se negó a abandonar el Salón de Plenos, no pudo ejercer su derecho a la palabra ni a votar. La Fiscalía ha argumentado que la prohibición de participación no solo afecta a los derechos de Copé, sino también a los ciudadanos que lo eligieron como representante.
### Argumentos Legales y Reacciones
El Ayuntamiento de Alicante, a través de su servicio jurídico, ha presentado una respuesta a la demanda de Copé, sugiriendo que su situación no debería ser considerada como un permiso laboral, sino más bien como una suspensión del contrato que es asumida por la Seguridad Social. Esta afirmación ha sido calificada de «peregrina» por la Fiscalía, que sostiene que independientemente de la naturaleza del permiso, el impacto en los derechos de representación debe ser el mismo.
El letrado del Ayuntamiento también ha señalado que Copé inició su permiso justo el día en que se convocó el pleno, sugiriendo que su decisión fue deliberada. Sin embargo, la Fiscalía ha defendido que los permisos de paternidad son solicitados conforme a la legislación vigente y que no deberían interferir en el normal desarrollo de la actividad del Ayuntamiento. En este sentido, la Fiscalía ha enfatizado que la ausencia de un concejal por permiso de paternidad no debería ser un obstáculo para el funcionamiento democrático del pleno.
La controversia ha suscitado un debate más amplio sobre la interpretación de los derechos de los concejales en situaciones de permisos por paternidad o acogimiento. El concejal de EU-Podemos ha calificado la decisión del alcalde como «discriminatoria» y ha solicitado la nulidad de la resolución que le impidió participar en el pleno, así como de los acuerdos adoptados durante esa sesión. La situación ha puesto de relieve la necesidad de una revisión de las normativas que regulan la participación de los concejales en plenos municipales durante períodos de permiso.
### Implicaciones para la Democracia Local
Este caso no solo afecta a Manolo Copé, sino que plantea cuestiones fundamentales sobre la representación política y los derechos de los concejales en el contexto de permisos por paternidad o acogimiento. La decisión de la Fiscalía de respaldar a Copé podría sentar un precedente importante en la interpretación de los derechos de los representantes electos en situaciones similares. La capacidad de los concejales para participar en los plenos es esencial para el funcionamiento democrático del Ayuntamiento, y cualquier restricción a este derecho debe ser cuidadosamente evaluada.
El próximo pleno, programado para el 25 de septiembre, marcará el regreso de Copé al Salón de Plenos, ya que su permiso por acogimiento ha finalizado. Sin embargo, la controversia generada por su exclusión anterior seguirá siendo un tema candente en la política local. La situación ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar que todos los concejales, independientemente de su situación personal, puedan ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades como representantes de la ciudadanía. La resolución de este conflicto no solo afectará a los involucrados, sino que también tendrá repercusiones en la percepción pública sobre la equidad y la justicia en la política local de Alicante.
