La Policía Local de Alicante ha llevado a cabo un operativo para desmantelar asentamientos ilegales en la ciudad, específicamente en los barrios PAU 1, PAU 2 y Rabasa. Esta acción, que comenzó a primera hora de la mañana, se ha realizado en respuesta a las quejas de los vecinos y de centros educativos cercanos, según ha declarado el Ayuntamiento. El dispositivo ha sido coordinado con los servicios municipales de Limpieza y Servicios Sociales, y ha tenido como objetivo principal la retirada de tiendas de campaña y enseres abandonados.
Desde las 7:30 horas, los agentes y brigadas de limpieza han estado trabajando en el PAU 1, donde se estima que alrededor de treinta personas residían en los tres asentamientos afectados. A pesar de que las fuentes policiales han indicado que estos asentamientos no eran conflictivos y que no había presencia de personas con problemas de salud mental o consumo de drogas, la situación ha generado un gran malestar entre los residentes de la zona.
El procedimiento de desalojo se activó la semana pasada, cuando se realizaron avisos previos a los ocupantes, instándoles a abandonar el lugar de manera voluntaria. Sin embargo, muchos de ellos se encontraron en la necesidad de recoger lo que pudieron antes de que comenzara la intervención de los operarios de limpieza. A pie de terreno, algunos de los afectados han expresado su preocupación por la falta de alternativas habitacionales y el temor a que se les roben sus pertenencias.
Ximo Teruel, uno de los desalojados, ha manifestado su deseo de que se les otorgue más tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir. «Nadie nos da una solución. Tenemos miedo de que nos roben los pocos enseres que tenemos», ha declarado. Rafael Uríos, otro de los afectados, ha criticado la forma en que se les ha tratado, comparando el desalojo con un trato indigno. «Nos obligan a marcharnos como si fuéramos perros, sin darnos ninguna alternativa real», ha afirmado.
La intervención ha requerido la presencia de los Servicios Sociales para atender a personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Entre los casos atendidos se encontraba una mujer embarazada de ocho meses y un hombre mayor con problemas de salud que llevaba cerca de ocho años viviendo en la zona. Este último ha sido trasladado a un albergue municipal mientras se busca una solución habitacional adecuada.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha defendido la actuación de la Policía Local, asegurando que responde a la presión de los vecinos que han expresado su preocupación por la inseguridad y la degradación del entorno. «Llevamos tiempo enviando a la Policía Local para advertir que no pueden permanecer aquí. La acampada está prohibida y no pueden continuar en estas circunstancias», ha señalado Calero.
La operación se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la Junta Local de Seguridad, que se reunió recientemente para analizar el impacto de los asentamientos ilegales en la ciudad. Durante esta reunión, se abordaron también otros problemas como la venta ambulante, el ruido y los vertidos incontrolados, así como la necesidad de reforzar la coordinación policial en estos temas.
Los vecinos de los barrios afectados han estado trasladando sus quejas tanto a la Policía Local como al Ayuntamiento durante meses, alegando que los asentamientos ilegales han contribuido a un aumento de la inseguridad y a la degradación del entorno. Aunque en esta ocasión no se han registrado incidentes durante el desalojo, el malestar vecinal ha sido un factor determinante en la decisión de actuar.
El reto que enfrenta el Ayuntamiento de Alicante es ofrecer soluciones habitacionales a las personas que carecen de recursos y que, en consecuencia, se ven obligadas a instalarse en espacios públicos. La creciente presión vecinal y la necesidad de mantener un entorno seguro y limpio son factores que complican aún más esta situación.
A medida que se llevan a cabo estas acciones, es crucial que se busquen alternativas viables para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La falta de recursos y opciones habitacionales adecuadas puede llevar a un ciclo de desalojo y reubicación que no resuelve el problema de fondo. La comunidad y las autoridades deben trabajar juntas para encontrar soluciones sostenibles que aborden las necesidades de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que se encuentran en situaciones de precariedad.
El desalojo de asentamientos ilegales en Alicante es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a muchas ciudades en todo el mundo. La búsqueda de un equilibrio entre la seguridad de los vecinos y el respeto por los derechos de las personas sin hogar es un desafío que requiere atención y acción coordinada por parte de las autoridades locales y la comunidad en general.
