La reciente muerte de dos jóvenes en el río Túria ha generado un intenso debate sobre la seguridad en las zonas de baño y la responsabilidad de las administraciones públicas. Los trágicos incidentes ocurrieron en la presa del Azud de la Acequia de Tormos, un lugar que, a pesar de su popularidad entre bañistas, carece de las medidas de seguridad necesarias para prevenir ahogamientos. La familia de uno de los fallecidos ha cuestionado si estas muertes podrían haberse evitado y quién debe asumir la responsabilidad en este contexto.
La situación se complica debido a la existencia de múltiples administraciones con competencias en la gestión de esta área. El Ayuntamiento de Manises, la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) son las entidades implicadas, pero cada una tiene un nivel diferente de responsabilidad. La normativa vigente establece que la prohibición del baño en el dominio público hidráulico no es competencia de estas administraciones, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad en el área.
### La falta de señalización y medidas de seguridad
A pesar de las advertencias de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana, que ha solicitado la habilitación de zonas seguras con socorristas, la realidad es que muchos ríos siguen siendo utilizados para el baño sin las debidas precauciones. En marzo, las administraciones acordaron implementar medidas para disuadir a los bañistas, especialmente con la llegada de las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, los familiares de Jeferson, el segundo joven fallecido, denunciaron que no había señales que advirtieran sobre los peligros de bañarse en esa zona.
La Ley de Aguas establece que el baño es un uso común que puede ejercerse libremente, pero también señala que la seguridad de las personas no es responsabilidad de las Confederaciones Hidrográficas. Esto significa que, aunque las administraciones pueden advertir sobre los riesgos, no tienen la autoridad para prohibir el baño en estas áreas. Esta ambigüedad legal ha llevado a un vacío de responsabilidad que podría haber contribuido a las tragedias recientes.
Desde el Ayuntamiento de Manises, se ha hecho un llamado a las administraciones competentes para que se prohíba el baño en estas zonas. A través de la Asociación de Municipios vinculados al Parque Natural del Turia, han solicitado la creación de un decreto que establezca prohibiciones y restricciones claras. Sin embargo, la falta de acción efectiva ha dejado a los bañistas expuestos a riesgos innecesarios.
### La postura de las administraciones implicadas
La Generalitat Valenciana, que tiene competencias sobre el Parc Natural del Túria, ha trasladado la responsabilidad a los ayuntamientos, argumentando que son ellos quienes deben delimitar el acceso a estas zonas. En una reunión celebrada en marzo, se acordó una recomendación conjunta para disuadir a la población de bañarse en el río, pero la falta de señalización adecuada ha puesto en evidencia la ineficacia de estas medidas.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha defendido su posición, alegando que no tienen competencias en la regulación de estas áreas. Sin embargo, antes de la dana que afectó la zona, habían instalado paneles informativos sobre los riesgos de bañarse, los cuales fueron destruidos por las inundaciones. A pesar de haber identificado hasta 46 zonas peligrosas para el baño en la Comunitat Valenciana, la presa del Azud de la Acequia de Tormos no estaba incluida en esta lista, lo que ha generado confusión y preocupación entre los bañistas.
La falta de coordinación entre las administraciones y la ausencia de medidas de seguridad efectivas han contribuido a un ambiente de riesgo en el que los bañistas se ven obligados a asumir la responsabilidad de su propia seguridad. La tragedia de los dos jóvenes ahogados en el río Túria es un recordatorio doloroso de la necesidad de un enfoque más proactivo y responsable por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de quienes disfrutan de estos espacios naturales.
La situación actual pone de manifiesto la urgencia de establecer protocolos claros y efectivos que regulen el uso de las zonas de baño en ríos y embalses. La implementación de señalización adecuada, la presencia de socorristas y la prohibición del baño en áreas peligrosas son medidas que deben ser consideradas para evitar que tragedias como estas se repitan en el futuro. La vida de los bañistas no debería depender de la ambigüedad legal y la falta de acción de las administraciones responsables.
