La seguridad vial es un tema de gran relevancia en España, y la Comunidad Valenciana no es la excepción. Recientemente, se han dado a conocer datos alarmantes sobre las multas por exceso de velocidad en esta región. En el año 2024, la Dirección General de Tráfico (DGT) registró más de 3,4 millones de denuncias a nivel nacional, lo que representa un incremento del 4% en comparación con el año anterior. Este aumento ha sido objeto de análisis por parte de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha publicado un informe detallando la actividad sancionadora de los radares en las carreteras españolas.
### La Comunidad Valenciana en el Ranking de Multas
Dentro de este contexto, la Comunidad Valenciana se posiciona como la tercera región con más multas, acumulando un total de 366.360 denuncias en 2024, lo que equivale al 10,6% del total nacional. Este dato es significativo, ya que refleja la necesidad de una mayor concienciación sobre la velocidad al volante. En particular, la provincia de Alicante destaca en este informe, ya que alberga dos de los radares más multones de todo el país.
El primero de estos radares se encuentra en el kilómetro 8 de la A-70, cerca de la ciudad de Alicante. Este dispositivo registró 18.196 denuncias por exceso de velocidad en 2024, lo que representa un aumento del 24% respecto al año anterior. La ubicación estratégica de este radar en una de las principales vías de acceso a la ciudad ha contribuido a su alta actividad sancionadora.
El segundo radar más multón de Alicante está situado en el kilómetro 27 de la misma A-70. En 2024, este dispositivo contabilizó 15.432 denuncias, cifras que son muy similares a las del año anterior, donde se registraron 15.030 multas. Estos datos indican que este punto sigue siendo un área crítica para los conductores en términos de velocidad.
### La Controversia de los Radares: Seguridad vs. Recaudación
Uno de los aspectos más debatidos en el informe de AEA es la ubicación de los radares. La mayoría de las denuncias se generan en autopistas y autovías, mientras que las carreteras secundarias, que concentran el 70% de los accidentes con víctimas, tienen una presencia significativamente menor de cinemómetros. Esta situación ha llevado a cuestionar la efectividad de la política de radares de la DGT.
Mario Arnaldo, presidente de AEA, ha expresado su preocupación al respecto, sugiriendo que la DGT debería replantearse su estrategia. Según él, los radares no están cumpliendo su objetivo de prevenir excesos de velocidad y accidentes, sino que se están convirtiendo en meros instrumentos de recaudación. Esta crítica resuena en un contexto donde la seguridad vial debería ser la prioridad, y no la generación de ingresos a través de multas.
A nivel nacional, el radar que más multas ha impuesto se encuentra en el kilómetro 20 de la M-40 en Madrid, con un total de 74.873 denuncias en 2024. Otros radares destacados incluyen los ubicados en Málaga, Navarra y Cádiz, que también han registrado cifras alarmantes. Sin embargo, lo que más llama la atención es el aumento brusco de actividad en ciertos dispositivos. Por ejemplo, un radar en el kilómetro 245 de la A-4 en Jaén pasó de solo 2 denuncias en 2023 a 24.189 en 2024, lo que representa un crecimiento exponencial.
Este fenómeno plantea preguntas sobre la gestión y la colocación de los radares en las carreteras españolas. La falta de un enfoque equilibrado entre la seguridad y la recaudación podría estar afectando la percepción pública sobre la DGT y su misión de garantizar la seguridad vial. La discusión sobre la efectividad de los radares y su papel en la reducción de accidentes es más relevante que nunca, y es un tema que merece atención tanto por parte de las autoridades como de los ciudadanos.
La situación en Alicante es un reflejo de un problema más amplio que afecta a toda España. La necesidad de una revisión de las políticas de tráfico y la ubicación de los radares es evidente. La seguridad de los conductores y la reducción de accidentes deberían ser el objetivo primordial, y no simplemente una fuente de ingresos para el estado. La comunidad debe estar informada y consciente de las implicaciones de estas medidas, así como de su derecho a cuestionar y exigir cambios en la política de tráfico.
