La tragedia ocurrida el 4 de enero de 2022 en la Feria de Navidad de Mislata ha dejado una profunda huella en la comunidad y ha desencadenado una búsqueda incansable de justicia por parte de los padres de Vera, una niña de 4 años que perdió la vida en un accidente relacionado con un castillo hinchable. Junto a ella, otra niña, Cayetana, de 8 años, también falleció, mientras que otros siete menores resultaron heridos. Este trágico evento ha llevado a los padres de Vera a convertirse en acusación particular, buscando responsabilizar a las autoridades locales por lo que consideran una falta de acción y supervisión adecuada.
Desde el fatídico día, los padres han estado en contacto constante con su abogado, Jorge Carbó, quien ha presentado recursos ante la Audiencia Provincial debido a lo que ellos consideran «la pasividad» del Juzgado de Instrucción 4 de Mislata. Este juzgado es el encargado de investigar el caso, pero los padres sostienen que no se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva que permita determinar si el Ayuntamiento es culpable por omisión e inacción en el siniestro mortal. La acusación de «letargo» se fundamenta en la tardanza del juzgado para responder a las solicitudes de diligencias, algunas de las cuales han tardado hasta un año en ser atendidas.
Uno de los puntos críticos en la investigación es la falta de una licencia de actividad para la instalación del castillo hinchable. Los padres han solicitado que se investigue al entonces concejal de Industria, quien era el responsable del departamento encargado de tramitar dicha licencia. Sin embargo, el juzgado no ha respondido a estas solicitudes de manera oportuna, lo que ha generado frustración en la familia. La última respuesta del juzgado a una solicitud de diligencia llegó diez meses después de que esta fuera presentada, lo que ha llevado a los padres a cuestionar la efectividad del sistema judicial en este caso.
### La falta de respuesta judicial y sus implicaciones
La dilación en las respuestas del juzgado no es un fenómeno nuevo en este caso. En octubre de 2023, el abogado de la familia solicitó aclaraciones sobre la condición del ingeniero de los feriantes, quien estaba imputado en el caso. Este ingeniero había emitido una declaración responsable sobre la instalación del castillo hinchable, pero la Audiencia había dictado que dicha declaración no era suficiente para garantizar la seguridad de la atracción. A pesar de la urgencia de la solicitud, el juzgado tardó tres meses en responder, lo que ha llevado a los padres a sentir que su búsqueda de justicia está siendo obstaculizada.
La situación se complica aún más cuando se considera que el abogado de la familia ha tenido que presentar múltiples escritos para instar al juzgado a que actúe. En enero de 2024, se solicitó información sobre la titularidad de los terrenos donde se había montado la feria, pero nuevamente, el silencio fue la respuesta. Fue solo tras un nuevo recordatorio que el juzgado finalmente respondió, pero la tardanza ha sido una constante en este proceso.
El abogado de la familia ha señalado que la inacción del Ayuntamiento de Mislata, al no verificar la correcta instalación de las atracciones y al permitir que la feria funcionara sin la debida autorización, constituye una omisión que podría ser considerada un ilícito penal. La falta de supervisión adecuada y la ausencia de una resolución expresa que autorizara la actividad de la feria son aspectos que, según el abogado, deberían haber impedido el inicio de la misma.
### La búsqueda de justicia y el futuro del caso
A medida que avanza la investigación, los padres de Vera continúan luchando por que se haga justicia. La reciente sugerencia de la jueza de que el testigo clave declare en el juicio, a pesar de haber rechazado su comparecencia durante la instrucción, ha generado una mezcla de esperanza y frustración en la familia. Si el testimonio se presenta en el juicio, podría abrir la puerta a nuevas diligencias y a la posible imputación de miembros de la corporación local. Sin embargo, si se presenta después de que la causa haya sido cerrada, las posibilidades de acción se desvanecerían.
El abogado de la familia ha argumentado que, de haber actuado con la diligencia debida, el trágico accidente que costó la vida a Vera y Cayetana podría haberse evitado. La relación de causalidad entre la falta de acción del Ayuntamiento y las muertes de las niñas es un punto central en la argumentación de la acusación. La familia espera que la Audiencia de València tome en cuenta todos estos elementos al momento de decidir sobre el futuro del caso.
La lucha de los padres de Vera es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y la supervisión en eventos públicos, así como de la necesidad de un sistema judicial que responda de manera efectiva y oportuna a las demandas de justicia. A medida que el caso avanza, la comunidad sigue atenta, esperando que se haga justicia por las vidas perdidas en esta tragedia.
