Irene Rodríguez, una niña de apenas seis años, se ha convertido en el centro de una angustiante búsqueda que ha capturado la atención de la sociedad española. Desde su desaparición el 27 de mayo de 2023, tras bajar de un ferry en Barcelona junto a su madre, María, su padre, Ángel Rodríguez, ha estado luchando incansablemente por recuperar a su hija. La historia de Irene no solo es un relato de amor paternal, sino también un reflejo de las complicaciones legales y emocionales que surgen en casos de sustracción de menores.
La situación se tornó crítica cuando, solo nueve días antes de su desaparición, un juzgado de Guadalajara había otorgado a Ángel la custodia de Irene. Sin embargo, María, la madre, decidió llevarse a la niña, lo que desencadenó una serie de eventos que han dejado a Ángel en una lucha constante contra el tiempo y la burocracia judicial. «Llevo casi tres años sin poder estar con mi hija», expresa Ángel, quien se siente impotente ante la situación. Las últimas imágenes que tiene de Irene son de cuando era una niña pequeña, y el tiempo perdido pesa enormemente sobre él.
La angustia de Ángel se intensifica al pensar en lo que su hija ha perdido. «A Irene la han privado de su padre, de sus abuelos, de su entorno, de crecer con estabilidad y cuidados. A ella también le han robado estos años», afirma con dolor. La búsqueda de Irene ha sido complicada, y en diciembre de 2023, tanto madre como hija fueron incluidas en el fichero del Centro Nacional de Desaparecidos. La asociación SOS Desaparecidos ha difundido su imagen y datos, pero la madre ha mantenido un perfil bajo desde entonces.
Un giro inesperado ocurrió cuando María envió un correo electrónico a Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, asegurando que Irene estaba bien y no corría peligro. En su mensaje, solicitó la retirada de los carteles que buscaban a su hija, argumentando que estaban apareciendo en contextos inapropiados. Sin embargo, la respuesta de Amills fue clara: la alerta para localizar a Irene seguía vigente y debía ser tratada con seriedad. La madre, al parecer, había utilizado un servidor suizo para enviar el correo, lo que complicó aún más su localización, ya que este tipo de servicios no proporciona información sobre sus usuarios.
La investigación de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha revelado que María utilizó varias VPN para ocultar su ubicación, lo que ha dificultado enormemente la búsqueda. A pesar de estos obstáculos, Ángel ha recibido información de que la policía cree que Irene podría estar en Suiza, bajo la protección de otra mujer que también ha huido con sus hijos. Esta posibilidad ha añadido una nueva dimensión a la angustia de Ángel, quien se siente atrapado en un laberinto legal y emocional.
La lucha de Ángel no solo se centra en la búsqueda de su hija, sino también en la batalla legal que ha enfrentado desde que su relación con María terminó en octubre de 2022. Desde entonces, ha sido objeto de denuncias por parte de su ex pareja, acusaciones que han sido archivadas por considerarse «torticeras». A pesar de que la justicia le dio la razón en varias ocasiones, la situación se ha vuelto cada vez más compleja. Ángel ha estado esperando más de tres años para que se fije una fecha para el juicio que determinará la custodia definitiva de Irene. Esta espera ha sido desgastante, y la incertidumbre sobre el futuro de su hija lo mantiene en un estado constante de ansiedad.
La historia de Irene Rodríguez es un recordatorio de los desafíos que enfrentan muchas familias en situaciones similares. La sustracción de menores es un tema delicado que requiere atención y acción rápida por parte de las autoridades. La falta de respuestas y la lentitud del sistema judicial pueden tener consecuencias devastadoras para los niños involucrados, quienes son los más afectados en estas circunstancias. Ángel continúa su lucha con la esperanza de que algún día pueda reunirse con su hija y recuperar el tiempo perdido. Mientras tanto, la búsqueda de Irene sigue siendo una prioridad para la policía y las organizaciones que trabajan en la protección de menores.
