La reciente dimisión de José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras el escándalo de un título falso ha puesto en el centro de la atención la gestión de personal en la Diputación de Valencia. Este caso no solo ha revelado irregularidades en la carrera política de Ángel, sino que también ha sacado a la luz una serie de prácticas cuestionables en la administración pública, donde la opacidad y el clientelismo parecen ser la norma.
### La Estructura Salarial en la Diputación
La Diputación de Valencia se ha consolidado como una de las administraciones más generosas en términos salariales para sus empleados públicos. Actualmente, se estima que alrededor de 120 de los 1,200 funcionarios de la institución perciben salarios que superan los 85,000 euros anuales, cifra que corresponde al salario del presidente de la Diputación, Vicent Mompó. Este dato ha sido corroborado por un análisis de las tablas salariales y la relación de puestos de trabajo (RPT) que ha sido objeto de revisión.
Los responsables de cada departamento, conocidos como jefes de servicio, tienen salarios que superan los 90,000 euros anuales. Estos puestos son considerados críticos, ya que actúan como el nexo entre el equipo político y el personal administrativo. En el último año, el salario promedio de estos jefes alcanzó los 91,770.52 euros, sin contar las actualizaciones salariales de 2025 ni los trienios, lo que podría elevar aún más sus ingresos. En total, hay 27 puestos con estas características.
Además, los jefes de sección, que son 72 en total, tienen un salario base de 80,000 euros, a lo que se suman los extras. Un técnico con 28 años de antigüedad en la institución podría recibir hasta 5,600 euros adicionales en concepto de trienios, además de los beneficios por carrera profesional.
En la cúspide de la estructura salarial se encuentran los habilitados nacionales, quienes pueden llegar a percibir salarios que superan los 120,000 euros anuales, dependiendo de su antigüedad y de los complementos que puedan recibir. Estos funcionarios son responsables de asegurar el cumplimiento legal y económico dentro de la administración local.
### Problemas de Gestión y Estructura
A pesar de los altos salarios, la Diputación de Valencia enfrenta serios problemas de gestión. Un informe de control interno de 2020 destacó que el gasto en personal ha crecido a un ritmo superior al aumento del número de empleados, lo que ha sido atribuido al envejecimiento de la plantilla y a incrementos salariales injustificados.
El mismo informe señala que existe una “inflación de jefaturas” en la administración, donde se han creado más de 400 jefaturas para una plantilla de aproximadamente 1,200 empleados. Esta situación ha llevado a que en algunas áreas haya más jefes que funcionarios de base, lo que plantea serias dudas sobre la eficiencia y la necesidad de tales cargos.
Además, se ha señalado que los complementos retributivos, como las productividades, han superado los límites establecidos por las leyes de presupuestos generales. En 2019, por ejemplo, el gasto en productividad alcanzó 1.26 millones de euros, lo que excedió el límite autorizado por el pleno. Este tipo de irregularidades han generado un clima de desconfianza y han puesto en entredicho la transparencia de la gestión pública.
La situación se complica aún más por la falta de una valoración periódica de los puestos de trabajo y el cumplimiento de objetivos asignados a los empleados. Se estima que algunos funcionarios reciben hasta 500 euros adicionales al mes sin que haya una justificación clara de su desempeño.
La combinación de altos salarios, una estructura inflada de jefaturas y la falta de transparencia en la gestión de personal ha llevado a una creciente preocupación entre los ciudadanos sobre la efectividad de la administración pública en Valencia. La necesidad de una reforma que aborde estos problemas se vuelve cada vez más urgente, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones es fundamental para el funcionamiento de la democracia.
La Diputación de Valencia, en su papel de administración pública, tiene la responsabilidad de garantizar no solo la equidad en la distribución de salarios, sino también la eficiencia en la gestión de recursos. Sin embargo, la situación actual plantea serias dudas sobre su capacidad para cumplir con estas expectativas.
