El impacto de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre del año pasado ha dejado una huella profunda en la región, afectando a numerosas familias y provocando daños significativos en infraestructuras y viviendas. En respuesta a esta crisis, la nueva empresa pública de vivienda, Sepes, está finalizando la compra de 22 viviendas al fondo de inversión Blackstone, con el objetivo de proporcionar un hogar a los afectados por este desastre natural. Esta acción, que se completará en junio de 2025, marca un hito en la gestión de crisis habitacional en la región y refleja un esfuerzo por parte del gobierno para abordar las necesidades urgentes de la población afectada.
La adquisición de estas viviendas, que se sitúan principalmente en Riba-roja de Túria, una de las localidades más golpeadas por la riada, se realizará a un precio notablemente inferior al valor de tasación. Sepes pagará 1,65 millones de euros, un 35,5% menos que los 2,56 millones que se estiman como valor de mercado. Este acuerdo se formalizará ante notario el 18 de junio, lo que permitirá que las familias que perdieron sus hogares puedan acceder a una vivienda digna en un corto plazo.
### Desafíos en la Adquisición de Viviendas
A pesar de la buena noticia que representa esta compra, el camino hacia la recuperación ha estado lleno de obstáculos. El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, ha enfrentado dificultades para negociar con grandes fondos de inversión, a pesar de la necesidad urgente de viviendas para los afectados. En una entrevista reciente, Rodríguez enfatizó que los grandes tenedores de propiedades deben asumir su responsabilidad social y contribuir a la solución de la crisis habitacional en el país. La ministra ha dejado claro que no hay acuerdos formales con estos grandes caseros, lo que subraya la complejidad de la situación.
Desde la activación de una partida de 25 millones de euros en noviembre para adquirir viviendas en las zonas afectadas, Sepes ha logrado comprar solo cuatro inmuebles a propietarios particulares en un plazo de siete meses. Esto representa un porcentaje muy bajo de los fondos disponibles, lo que pone de manifiesto la dificultad de convencer a los propietarios individuales para que vendan sus propiedades en un contexto de crisis. La empresa pública ha invertido hasta ahora 1,88 millones de euros, lo que equivale a solo el 7,5% de los fondos destinados a este plan.
La situación se complica aún más con la necesidad de tasar los inmuebles, asegurar los activos y amueblar las viviendas adquiridas. Estos procesos adicionales requieren una inversión significativa y tiempo, lo que podría retrasar aún más la recuperación de las familias afectadas. La compra de viviendas a Blackstone, aunque a un precio reducido, no resuelve completamente el problema, ya que el número de viviendas adquiridas sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda.
### La Respuesta del Gobierno y el Futuro de la Vivienda
El plan de vivienda que está implementando el gobierno tiene como objetivo no solo proporcionar refugio a los afectados por la DANA, sino también establecer un modelo de gestión más sostenible y responsable en el sector inmobiliario. La reforma de la regulación de las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) y la declaración de zonas tensionadas son pasos que buscan equilibrar el mercado de la vivienda y garantizar que la oferta se ajuste a la demanda social.
La ministra Rodríguez ha señalado que es fundamental que los grandes tenedores de propiedades comprendan que la vivienda no debe ser vista únicamente como un instrumento financiero, sino como un derecho básico que debe ser garantizado a todos los ciudadanos. Este enfoque es crucial en un momento en que la crisis de vivienda se ha intensificado, y muchas familias se encuentran en situaciones vulnerables.
La compra de viviendas a Blackstone es un paso en la dirección correcta, pero el gobierno debe seguir buscando soluciones innovadoras y efectivas para abordar la crisis de vivienda en la Comunitat Valenciana y en toda España. La colaboración con entidades privadas, la promoción de la construcción de viviendas asequibles y la implementación de políticas que protejan a los inquilinos son aspectos que deben ser considerados para lograr una recuperación sostenible.
En resumen, la situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana tras la DANA es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el país en términos de acceso a la vivienda. La compra de viviendas por parte de Sepes es un intento de mitigar el impacto de esta crisis, pero se requiere un enfoque más integral y colaborativo para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar seguro y digno.
