El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha decidido abrir una investigación tras las alertas del interventor municipal sobre el posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento. Esta decisión se produce después de que el interventor señalara un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público en varios expedientes relacionados con la defensa jurídica del Consistorio y la compra de armamento para la Policía Local. Barcala, en respuesta a las preguntas de los medios, ha indicado que ha encargado un estudio exhaustivo sobre esta situación, que incluirá un análisis de los contratos en cuestión y de las observaciones realizadas por el interventor.
El interventor ha destacado que se ha detectado un fraccionamiento en los contratos adjudicados durante el año 2024, específicamente en relación con la compra de 23 armas reglamentarias para la Policía Local, que fue aprobada en una Junta de Gobierno local el 11 de junio de 2024. Este contrato, que ascendía a poco más de 18.000 euros, ha sido objeto de críticas por la omisión del deber de fiscalización previa, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad del procedimiento seguido.
### Análisis de la Situación Contractual
Durante la Junta de Gobierno Local, se discutió la relevancia de determinar si realmente existió un fraccionamiento contractual en las adjudicaciones. El informe del interventor sugirió que el contrato debió tramitarse como un contrato de suministros mediante un procedimiento ordinario, es decir, a través de un concurso público, en lugar de ser adjudicado directamente. Este punto es crucial, ya que el importe total de las facturas superaba el límite establecido para los contratos menores, lo que podría implicar una violación de la normativa vigente.
Sin embargo, el gobierno local se apoyó en un informe de la Asesoría Jurídica que rechazó las afirmaciones del interventor. Según este informe, las contrataciones realizadas eran legales y se ajustaban a derecho, ya que se habían justificado adecuadamente en el expediente de contratación y se había optado por la oferta más económica de entre varias propuestas. Esta discrepancia entre los informes del interventor y de la Asesoría Jurídica ha generado un debate significativo sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos de contratación en el Ayuntamiento.
Además de la compra de armas, el interventor ha señalado otros contratos que también podrían estar bajo sospecha de fraccionamiento. En total, se han identificado hasta seis adjudicaciones entre abril y diciembre de 2024, que suman más de 10.000 euros, destinadas a la defensa jurídica del Consistorio. El interventor sostiene que estos contratos deberían haberse tramitado como un único servicio y haber sido sometidos a un concurso público, lo que podría haber garantizado una mayor transparencia y competencia en el proceso de adjudicación.
### Implicaciones Políticas y Sociales
La situación ha generado un clima de incertidumbre en el ámbito político de Alicante, especialmente entre los partidos de la oposición. El PSOE ha solicitado formalmente la documentación relacionada con los contratos en cuestión, con el objetivo de analizar si existen elementos que puedan ser denunciados ante la Justicia. Esta acción refleja una creciente preocupación por la gestión de los recursos públicos y la necesidad de garantizar que se sigan los procedimientos adecuados en la contratación pública.
La apertura de esta investigación también podría tener repercusiones en la imagen del alcalde Luis Barcala y su administración. La percepción pública sobre la transparencia y la ética en la gestión de los recursos municipales es fundamental para mantener la confianza de los ciudadanos. En un contexto donde la rendición de cuentas es cada vez más demandada por la sociedad, la forma en que se maneje esta situación podría influir en la futura carrera política de Barcala y en la estabilidad de su gobierno.
En resumen, la investigación sobre el fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante pone de relieve la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión pública. La decisión del alcalde de encargar un estudio sobre esta cuestión es un paso hacia la clarificación de los hechos y la búsqueda de soluciones que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será crucial observar cómo se resuelven las discrepancias entre los informes del interventor y de la Asesoría Jurídica, así como las posibles acciones que puedan emprender los partidos de la oposición en respuesta a esta situación.
