La empresa Levantina Ingeniería y Construcción SL, con sede en Alberic y en la Plaza del Patriarca de València, ha sido objeto de atención por parte de las autoridades tras conseguir contratos por un total de 94 millones de euros con el Ministerio de Transportes. Este hecho ha sido documentado en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la relación entre la empresa y varios funcionarios, incluido el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. La investigación ha revelado un entramado que sugiere la existencia de prácticas corruptas en la adjudicación de contratos públicos.
La UCO ha señalado que Levantina Ingeniería y Construcción ha estado involucrada en la obtención de contratos en unión temporal de empresas (UTE) con otras grandes constructoras. Entre los proyectos destacados se encuentran la duplicación de una carretera entre Dos Hermanas y Los Palacios, la construcción de una estación del AVE en Elx y una obra significativa en la autovía A-12 del Camino de Santiago. A pesar de que algunos contratos fueron adjudicados a la empresa de manera individual, la mayoría de ellos se realizaron en colaboración con otras grandes firmas del sector.
### La Relación entre Koldo García y José Luis Ábalos
La relación entre Koldo García y el exministro Ábalos ha sido un foco central de la investigación. Según los informes, García y el empresario José Ruz comenzaron a comunicarse en marzo de 2019, lo que llevó a una serie de reuniones en el Ministerio de Fomento. Estas interacciones se han descrito como una colaboración estrecha, donde Ruz mostró disposición para ayudar a García en cualquier necesidad relacionada con la obtención de contratos.
Los investigadores han encontrado evidencia de que ambos utilizaban líneas telefónicas desechables y nombres en clave para ocultar el contenido de sus comunicaciones. Este comportamiento sugiere un intento deliberado de encubrir actividades que podrían ser consideradas ilegales. En un mensaje, Koldo García se refirió a la necesidad de mantener sus conversaciones en secreto, indicando que «no hemos hablado». Esta estrategia de ocultamiento ha llevado a la UCO a considerar que la relación entre García y Ruz podría haber facilitado la obtención de contratos públicos de manera fraudulenta.
Además, se ha revelado que García recibió una «pensión» mensual de 2.600 euros de Ruz entre enero y junio de 2023, a pesar de que ambos habían dejado sus cargos en el Ministerio en julio de 2021. Esta situación plantea serias dudas sobre la legalidad de los pagos y su posible conexión con la adjudicación de contratos.
### Implicaciones de la Investigación
La investigación de la UCO no solo se centra en Levantina Ingeniería y Construcción, sino que también ha puesto en la mira a otros actores involucrados en el proceso de adjudicación de contratos. La Guardia Civil ha identificado a varios individuos que, al igual que García y Ruz, han mantenido relaciones cercanas con el exministro Ábalos. Este entramado sugiere que la corrupción podría estar más extendida de lo que inicialmente se pensaba, involucrando a múltiples actores en la obtención de contratos públicos.
La UCO ha documentado que García y Ruz utilizaban términos como «café» y «cafetera» para referirse a sus comunicaciones, lo que refuerza la idea de que estaban tratando de eludir la vigilancia y el escrutinio. Este tipo de comportamiento es indicativo de una cultura de secretismo y manipulación que puede haber permeado en el Ministerio de Transportes durante el tiempo en que Ábalos estuvo al mando.
La situación plantea preguntas sobre la integridad de los procesos de adjudicación de contratos públicos en España y la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de recursos públicos. La UCO ha instado a las autoridades a revisar los procedimientos de contratación y a implementar medidas que prevengan la corrupción en el futuro.
La investigación sigue en curso, y se espera que se presenten más pruebas que puedan arrojar luz sobre la magnitud de las irregularidades en la adjudicación de contratos. La sociedad civil y los organismos de control están a la expectativa de los resultados de esta investigación, que podría tener repercusiones significativas en la política y la administración pública en España.
