En un giro escalofriante de los acontecimientos, la Fiscalía ha solicitado una pena de ocho años de prisión para cuatro funerarios de València, acusados de apropiarse del cadáver de un hombre que supusieron sin familia para venderlo al CEU-Cardenal Herrera. Este caso ha revelado un entramado criminal que se aprovechó de la vulnerabilidad de un ciudadano en situación de pobreza, generando un gran revuelo en la comunidad y planteando serias preguntas sobre la ética en el manejo de los cuerpos donados a la ciencia.
### Un fraude macabro
La historia comienza con la muerte de Joseph Pierre Jacques, un ciudadano francés que pasó sus últimos años en una residencia de ancianos en Albal. Tras su fallecimiento el 14 de diciembre de 2022, los responsables del Hospital La Fe interpusieron una denuncia al darse cuenta de que el cuerpo del difunto había desaparecido. La investigación posterior, conocida como Operación Thanatos, reveló que los dos empleados de la funeraria Rivato 1, bajo la dirección de sus jefes, habían ideado un plan para obtener beneficios económicos a partir de la donación del cuerpo a la ciencia.
Los acusados se presentaron en el mortuorio del hospital, donde uno de ellos, utilizando un nombre falso y un certificado de defunción en blanco, logró hacerse con el cuerpo de Jacques. Este acto de falsedad documental fue solo el primer paso de un elaborado esquema que culminó en la entrega del cadáver a la Universidad Cardenal Herrera, que pagó 1.331 euros por el servicio.
El fiscal ha señalado que, aunque el proceder de los acusados puede ser considerado irregular, no se ha encontrado suficiente evidencia para procesarlos por un delito más grave en relación con la trama de venta de cadáveres. Esto ha llevado a que el caso se divida en dos procedimientos penales, uno de los cuales se centrará en la falsedad documental y el otro ha sido archivado por falta de pruebas.
### La familia del fallecido y el impacto del escándalo
La situación se complicó aún más cuando, seis días después de la muerte de Jacques, su hija, que residía en Francia, fue informada por el hospital sobre el fallecimiento de su padre. Ella envió una declaración jurada indicando que no podía hacerse cargo de los gastos del entierro, lo que llevó al hospital a contactar con el Ayuntamiento de Albal para gestionar un entierro de beneficencia.
Sin embargo, cuando el consistorio envió a una funeraria para recoger el cuerpo el 19 de enero de 2023, se encontraron con la impactante noticia de que el cadáver ya había sido retirado por los empleados de Rivato 1. Este descubrimiento no solo dejó a la familia en una situación angustiante, sino que también puso de manifiesto la falta de controles en el manejo de cuerpos donados a la ciencia.
El escándalo ha generado un debate sobre la ética en la industria funeraria y la necesidad de una mayor regulación en la donación de cuerpos. La Universidad Cardenal Herrera, aunque no ha reclamado indemnización, se ha visto involucrada en un caso que podría dañar su reputación y la confianza del público en las donaciones a la ciencia.
La Fiscalía ha propuesto que los cuatro acusados, además de enfrentar penas de prisión, paguen las costas del procedimiento judicial. Este caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las personas en situaciones de pobreza y la forma en que algunos pueden aprovecharse de ellas, incluso en los momentos más difíciles.
La investigación continúa y se espera que el juicio oral contra los acusados se lleve a cabo en los próximos meses, donde se espera que se presenten más pruebas y testimonios que arrojen luz sobre este oscuro capítulo en la historia de la funeraria en València. La comunidad está a la expectativa de cómo se desarrollará este caso y qué medidas se implementarán para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
