Las viviendas de protección oficial (VPO) en València están en el centro de un debate candente debido a las prácticas irregulares que han surgido en el mercado inmobiliario. A pesar de que estas propiedades están destinadas a ser vendidas a precios tasados, muchos propietarios están eludiendo las regulaciones al exigir pagos en negro, lo que complica aún más la situación para los potenciales compradores y la administración pública.
### La Práctica del Pago en Negro
En València, se ha reportado que algunos propietarios de pisos protegidos están pidiendo hasta 100.000 euros en efectivo a los compradores para evitar la inspección de la administración autonómica. Este fenómeno se ha intensificado en los últimos años, especialmente en un contexto donde los precios de las viviendas han aumentado significativamente. Aunque el precio máximo legal para la venta de una vivienda protegida está fijado en 2.400 euros por metro cuadrado, muchos propietarios intentan obtener el valor de mercado, que puede ser considerablemente más alto.
Por ejemplo, se estima que un piso que debería venderse por 200.000 euros se está ofreciendo a 300.000 euros, y finalmente se vende por 280.000 euros, con 80.000 euros pagados en negro. Esta situación no solo afecta a los compradores, que se ven obligados a participar en prácticas ilegales, sino que también pone en riesgo la integridad del mercado inmobiliario en la región.
Los expertos del sector inmobiliario han señalado que esta tendencia es el resultado de la revalorización de las propiedades en València, donde las diferencias de precios entre viviendas protegidas y libres son cada vez más notables. A pesar de que la legislación exige que el precio de venta se respete en el contrato, muchos propietarios optan por no cumplir con esta normativa, lo que genera un entorno de desconfianza y especulación.
### La Falta de Oferta de Viviendas Nuevas
La situación se complica aún más por la escasez de oferta de viviendas de protección oficial de nueva construcción. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, la cantidad de promociones de VPO ha disminuido drásticamente. La falta de suelo y los precios máximos establecidos por la administración han desincentivado a los promotores a invertir en este tipo de viviendas. Hasta septiembre del año pasado, solo se habían vendido 134 pisos de VPO de obra nueva en la Comunitat Valenciana, lo que representa apenas el 0,49% de las transacciones inmobiliarias en un mercado que registró más de 27.000 ventas.
El precio máximo de 2.400 euros por metro cuadrado, aunque se ha incrementado desde los 1.800 euros anteriores, sigue sin ser atractivo para los promotores. Con los costos de construcción que oscilan entre 1.000 y 1.800 euros por metro cuadrado y el precio del suelo en València superando los 600 euros, muchos desarrolladores consideran que no pueden cubrir sus gastos y obtener beneficios. Esta situación ha llevado a una oferta limitada de viviendas protegidas, lo que a su vez alimenta la especulación en el mercado.
La administración pública ha intentado abordar este problema mediante la implementación de visados de compraventa, que buscan garantizar que se respeten los precios máximos legales y que los compradores cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, la realidad es que estas regulaciones a menudo son ignoradas, lo que perpetúa un ciclo de irregularidades y desconfianza en el mercado.
La necesidad de una solución integral es evidente. Es crucial que se implementen medidas efectivas para regular el mercado de viviendas protegidas y garantizar que los precios se mantengan dentro de los límites establecidos. Además, se debe fomentar la construcción de nuevas viviendas de protección oficial para satisfacer la demanda y evitar que los compradores se vean obligados a participar en prácticas ilegales.
El futuro del mercado de viviendas protegidas en València dependerá de la capacidad de la administración para abordar estas cuestiones de manera efectiva y de la voluntad de los propietarios y compradores para cumplir con las regulaciones existentes. Solo así se podrá garantizar un acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos.
